Washington. El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por incautar las fortunas de narcotraficantes mexicanos extraditados, mediante acuerdos judiciales en los que los acusados aceptan colaborar con la justicia a cambio de reducciones en sus sentencias. Esta estrategia, vigente desde la década de los ochenta, ha permitido que el Departamento de Justicia (DOJ) recupere miles de millones de dólares producto del narcotráfico.

Uno de los casos más recientes es el de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien el pasado 11 de julio se declaró culpable de cuatro cargos ante una juez en Chicago. Como parte del acuerdo, aceptó pagar 80 millones de dólares como parte de las utilidades generadas por el envío de drogas a territorio estadounidense. La orden de decomiso establece que ese dinero debe ser entregado al DOJ antes de que se dicte sentencia.

Tras su extradición en septiembre de 2023, Ovidio Guzmán comenzó a colaborar con las autoridades. En menos de un año, dejó de estar bajo custodia del Buró de Prisiones (BOP). Dos días antes del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, su hermano Joaquín Guzmán López ya lo trasladaba a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, donde fueron interceptados por agentes del FBI. En mayo de 2025, 17 familiares de Ovidio llegaron a Estados Unidos para acceder a protección judicial.

La política de decomisos del DOJ no es nueva. Desde 1984, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Integral para el Control del Delito, se instauró el Fondo de Decomiso de Bienes (FDB). Este mecanismo faculta al fiscal general para redistribuir los recursos obtenidos a través del decomiso en operaciones policiales, pago a víctimas, gastos de operación y adquisición de evidencia. Algunos gastos reportados incluyen compra de evidencia de cualquier violación de la Ley de Sustancias Controladas.

La fiscalía ha aplicado esta herramienta en numerosos casos.

Francisco Javier Arellano Félix, ‘El Tigrillo’, pagó 50 millones de dólares tras ser detenido en 2006. Aunque fue sentenciado a cadena perpetua, en 2014 se le redujo la pena a 23 años. Su paradero actual es desconocido, ya que no aparece en los registros del BOP.

Benjamín Arellano Félix recibió una condena de 25 años en 2012, acompañada de una multa de 100 millones de dólares. En su caso, el documento oficial indicó que el decomiso formaba parte integral de la sentencia.

Eduardo Ramón Arellano Félix fue multado con 50 millones antes de ser condenado a 15 años. En 2021 fue trasladado a México.

El clan Zambada ha protagonizado algunos de los decomisos más significativos. Vicente Zambada Niebla, ‘El Vicentillo’, fue condenado en 2019 a 15 años de prisión tras acordar un decomiso por mil 373 millones 415 mil dólares. Cumplió 12 años y fue liberado en 2021 como testigo protegido. En sus testimonios vinculó a otros capos, incluyendo a Joaquín Guzmán Loera y Miguel Ángel Treviño.

Ismael Zambada Imperial, ‘El Mayito Gordo’, aceptó pagar cinco millones de dólares antes de recibir una sentencia de nueve años. Fue liberado en 2022. Su hermano, Serafín Zambada Ortiz, entregó 250 mil dólares tras ser arrestado en 2013, lo que le permitió salir en libertad en 2018 luego de cumplir una pena de cinco años.

Raúl Flores Hernández, ‘El Tío’, fue multado con 280 millones de dólares. Al negarse a cooperar inicialmente, los fiscales solicitaron cadena perpetua. En enero de 2024 fue condenado a 21 años de prisión.

Dámaso López Núñez, ‘El Licenciado’, recibió cadena perpetua en 2018, pero se le retiró tras testificar contra ‘El Chapo’ Guzmán. Aunque se contemplaba una multa de hasta 10 millones de dólares, su expediente fue sellado por “incapacidad de pago”. Su hijo, Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, entregó un millón de dólares y fue sentenciado en 2022 a tiempo servido.

Álvaro López Núñez, hermano de ‘El Licenciado’, fue condenado a seis años tras pagar medio millón de dólares.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en cambio, no recibió la opción de negociar. Fue sentenciado a cadena perpetua y multado con 12 mil 666 millones de dólares en 2019. Su esposa, Emma Coronel Aispuro, pagó una multa de millón y medio de dólares y fue liberada tras cumplir dos años y siete meses.

El exfiscal de Nayarit, Edgar ‘El Diablo’ Veytia, pagó un millón de dólares tras colaborar en el juicio contra García Luna. Su condena fue reducida de 20 a ocho años.

Otros casos muestran sanciones no saldadas. Alfredo Beltrán Leyva fue sentenciado a cadena perpetua y multado con 529.2 millones, aunque no se ha recuperado ese monto. Gerardo y José González Valencia fueron multados con 341 y 100 millones de dólares, respectivamente; el primero apeló su sentencia.

Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, recibió una multa de 100 mil dólares. Su suegro, Carlos Montemayor, fue multado con 192 millones. Sergio Villarreal Barragán, ‘El Grande’, colaboró con las autoridades y recibió 10 años de prisión, pero no hay registro de que haya pagado los 100 millones impuestos como multa.

Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’, fue condenado en julio de 2025 a cadena perpetua y multado con seis mil millones de dólares, cantidad calculada bajo el mismo método aplicado en el caso de ‘El Chapo’.

En el caso del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén fue multado con 50 millones y liberado en 2024. Su abogado reunió 30 millones en efectivo.

Mario Cárdenas Guillén fue multado con 10 millones y condenado a 14 años; fue liberado en 2024. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, ‘El Coss’, fue exonerado de multa por “incapacidad de pago”.

Mario Núñez Meza fue condenado a 40 años y multado con 100 mil dólares. Óscar Nava Valencia recibió 25 años de prisión y fue liberado tras 14 años luego de pagar una multa de 5 mil dólares.

En todos estos casos, las autoridades estadounidenses han justificado los decomisos como parte de una estrategia para debilitar la estructura financiera de los cárteles y compensar los costos operativos de sus investigaciones. El patrón muestra que, en general, aquellos que han colaborado y entregado recursos ilícitos han recibido condenas más benévolas y, en varios casos, acceso a programas de protección de testigos.

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