Washington, D.C.. A partir de enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, implementará una serie de nuevas restricciones migratorias que permitirán negar visas a solicitantes extranjeros con padecimientos médicos como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, entre otros. Esta política será aplicada con el argumento de que dichas condiciones podrían convertir a los migrantes en una “carga pública” para el sistema de salud del país.

La medida fue comunicada a través de un cable oficial enviado por el Departamento de Estado a embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero. En el documento se instruye al personal consular a considerar la historia médica, edad, condición física y capacidad financiera del solicitante para cubrir potenciales tratamientos médicos sin recurrir a la asistencia pública.

Además de las enfermedades crónicas mencionadas, se incluyen otras afecciones como el cáncer, enfermedades respiratorias, metabólicas y neurológicas. Estas nuevas directrices amplían de manera significativa los criterios médicos ya existentes, al tiempo que otorgan a los funcionarios una amplia discrecionalidad para emitir rechazos en función del historial de salud del solicitante y de su entorno familiar directo.

Desde hace años, quienes solicitan visas de residencia permanente en Estados Unidos deben someterse a un examen médico avalado por autoridades estadounidenses. Esta evaluación incluye la detección de enfermedades contagiosas como tuberculosis y la comprobación del historial de vacunación. Sin embargo, la nueva normativa va más allá, al permitir denegaciones incluso por afecciones no contagiosas ni discapacitantes.

Una de las interrogantes clave que plantea el nuevo protocolo consular es si el solicitante “cuenta con los recursos financieros suficientes para cubrir los costos de dicha atención durante toda su esperanza de vida, sin recurrir a asistencia pública en efectivo ni a una institucionalización prolongada a cargo del Gobierno”. Esta condición también se aplicará a dependientes del solicitante, como padres mayores o hijos con discapacidad, si se estima que afectarán su capacidad para mantenerse económicamente activo.

Críticos de la política señalan que la evaluación médica quedará en manos de personal sin formación clínica. El abogado Charles Wheeler, de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), advirtió que los funcionarios consulares “no tienen experiencia médica ni deberían realizar proyecciones basadas en conocimiento personal o prejuicios”. Además, recordó que el Manual de Asuntos Exteriores del propio Departamento de Estado prohíbe rechazar visas basándose en escenarios hipotéticos.

El reporte también menciona que los médicos autorizados para realizar los exámenes podrían ser presionados para emitir dictámenes que respalden las negativas, incluyendo la especulación sobre el posible costo de tratamiento o la empleabilidad del solicitante en Estados Unidos en función de su salud.

Estas directrices se suman a una serie de medidas restrictivas impulsadas por la administración Trump en los últimos meses para reducir la inmigración legal. Entre ellas, destacan el cobro de tarifas de hasta 15,000 dólares a viajeros de ciertos países, una cuota de 100,000 dólares para trabajadores H-1B, y el rechazo de solicitudes por expresar “opiniones antiestadounidenses”, según registros oficiales.

Con aproximadamente el 10% de la población mundial viviendo con diabetes, y considerando que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, esta política podría dejar fuera a miles de solicitantes que no representan necesariamente un riesgo sanitario o económico para el país, pero que sí padecen condiciones comunes en muchas poblaciones.

Organizaciones pro derechos migrantes y expertos legales ya han comenzado a cuestionar la constitucionalidad de la medida y su impacto potencial en familias, personas con enfermedades crónicas controladas y trabajadores calificados. Algunos consideran que esta política discrimina por condición de salud, además de obstaculizar el acceso de inmigrantes con necesidades legítimas de protección o reunificación familiar.

A pocos meses de su entrada en vigor, la medida ya ha generado alarma entre comunidades migrantes, médicos e incluso funcionarios diplomáticos que advierten sobre los dilemas éticos y legales que enfrentarán al momento de interpretar las nuevas reglas. Mientras tanto, el gobierno estadounidense insiste en que estas acciones buscan proteger los recursos públicos y priorizar la autosuficiencia económica entre los nuevos residentes.

Con información de Más Información.