CDMX. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó el pasado viernes su preocupación por las propuestas de la nueva Ley de la Guardia Nacional y reformas a las leyes de seguridad que discute el Congreso, al considerar que consolidan una “indebida naturaleza militar” y amenazan derechos fundamentales como la privacidad y la rendición de cuentas.
En un hilo publicado en su cuenta oficial de X, la ONU-DH alertó que la nueva Ley de la Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia sin establecer controles democráticos ni mecanismos idóneos de rendición de cuentas.
Estas facultades, advirtió el organismo, se sumarían a una creciente militarización de las tareas de seguridad pública en el país.
El organismo internacional también expresó inquietud por las disposiciones que darían al Ejército la atribución de procesar información de inteligencia.
Según la ONU-DH, esto pone en riesgo derechos como la privacidad, previstos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), además de carecer de salvaguardas efectivas.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos”, subrayó el organismo sus publicaciones.
Las reformas en discusión en el Congreso contemplan cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Diversos colectivos civiles y académicos también han advertido que estas modificaciones podrían legalizar prácticas de vigilancia sin orden judicial y ampliar el margen de actuación de las Fuerzas Armadas.
Desde 2019, la Guardia Nacional ha estado bajo el mando operativo del Ejército, aunque legalmente conserva un carácter civil.
El llamado de la ONU-DH se suma a una creciente presión internacional para que el Estado mexicano garantice el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos en su estrategia de seguridad.
Por ahora, estas reformas se encuentran en el Senado y ya han recibido el aval de la Cámara de Diputados, donde continúa su discusión.
Aprueban reforma para búsqueda de desaparecidos
El Senado de la República aprobó el viernes en lo general y en lo particular un paquete de reformas a las leyes en materia de desaparición forzada y población, con el objetivo de fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México, mediante nuevas herramientas tecnológicas y coordinación institucional.
Con 68 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones, se avalaron las modificaciones del proyecto de ley que fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo pasado.
Las reformas establecen la creación de una Plataforma Única de Identidad conectada a bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos.
También establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP) será el elemento base de identificación; y ahora integra de forma obligatoria datos biométricos, huellas dactilares y fotografía, en formato físico y digital, lo que ha encendido alertas por posibles violaciones a la identidad y a la protección de datos personales.
Uno de los cambios más significativos es la obligación de todas las autoridades y particulares que posean datos identificativos o biométricos a permitir su consulta a las fiscalías, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, exclusivamente para fines de búsqueda, sin vulnerar la protección de datos personales.
También se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, se fortalece la figura de la Ficha de Búsqueda con emisión física y digital; y se establece la obligación de realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de enviar restos humanos a fosas comunes.
Dichas pruebas deberán registrarse en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días, según las modificaciones aprobadas.
Durante la sesión, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), negó que la reforma convierta al Estado en un ente de vigilancia y sostuvo que los datos biométricos sólo se utilizarán con protocolos claros y fines humanitarios.
Por su parte, Imelda Sanmiguel, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que no se puede combatir una tragedia humanitaria al sacrificar los derechos fundamentales.
Karla Toledo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó la reforma como un pretexto para la “vigilancia biométrica” bajo el argumento de facilitar la identificación.
Alejandra Barrales, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), señaló que si bien existen riesgos, muchas familias ven en esta reforma una esperanza para hallar a sus seres queridos desaparecidos.
El dictamen también ordena la creación de Fiscalías Especializadas con unidades para búsqueda inmediata, delitos cibernéticos y atención a víctimas.
Además, la reforma obliga a las instituciones públicas o privadas a permitir el uso de imágenes satelitales o de drones para auxiliar las labores de localización. Luego de la aprobación por la mayoría de los senadores, la reforma pasará a la Cámara de Diputados para su análisis, debate y posterior votación.
Con información de Agencia EFE.
