Altamira, TAMPS. El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien figuraba en una investigación federal por presuntos sobornos relacionados con el tráfico ilícito de combustible, se suicidó este lunes en las instalaciones de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, según información publicada por el semanario Zeta, que cita fuentes federales y datos del diario Reforma.

Pérez Ramírez se desempeñaba como titular de dicha unidad en Altamira y había sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los mandos navales que habrían recibido dinero por permitir operaciones de descarga de combustible ilegal, conocidas como parte del esquema de “huachicol fiscal”.

La acusación lo vinculaba con una red encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos familiares políticos de José Rafael Ojeda Durán, entonces titular de la Secretaría de Marina (Semar) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con una lista incluida en la carpeta de investigación de la FGR, citada por Reforma, el capitán Pérez Ramírez habría recibido 100 mil pesos cuando estaba al frente de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico. El pago se habría realizado en abril de 2024 como gratificación por permitir la descarga de un buque con combustible ilícito en el puerto. Así lo declaró ante la fiscalía el exdirector de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín.

“Durante mi estancia en la Aduana Tampico como director estuvieron a cargo los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez; hago del conocimiento que en una sola ocasión le entregué la cantidad de 100,000 como gratificación que le enviaba ‘NK’ cuando arribó el primer buque, que fue en el mes de abril 2024”, declaró Torres Joaquín, según consta en el expediente de la FGR.

El indicativo “NK” correspondía al capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, quien se encontraba prófugo al momento de los hechos y tenía una orden de aprehensión en su contra. Solano Ruiz operaba como uno de los intermediarios encargados de hacer llegar los sobornos a los funcionarios de Marina, incluyendo elementos de distintos rangos.

El semanario Zeta indicó que, según Reforma, la Unidad de Protección Portuaria es responsable de brindar seguridad a personal de Aduanas durante las inspecciones en los recintos fiscales, particularmente en casos que involucren materiales peligrosos, armamento o drogas. También funge como primer respondiente para puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

Pérez Ramírez era egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, con el grado de licenciado en Ingeniería en Ciencias Navales. Se graduó en 1995 en Veracruz y tuvo a su cargo las unidades de Protección Portuaria tanto en Tampico como en Altamira.

De acuerdo con el semanario, el diario Reforma también informó que, de acuerdo con la indagatoria federal, los hermanos Farías Laguna pagaban a través de intermediarios un millón 750 mil pesos por cada buque de combustible ilegal que lograra descargar en los recintos fiscales sin ser detenido. Esa red habría funcionado con la colaboración de varios funcionarios navales y aduaneros.

La investigación de la FGR señaló además que el capitán Alejandro Torres Joaquín habría recibido 24 millones de pesos por permitir la descarga ilegal de 14 embarcaciones. Estos elementos formaron parte de la indagatoria que derivó en la detención de 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, involucrado directamente en la red de corrupción.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República.