CDMX. La baja participación registrada en la elección judicial del pasado domingo, en la que sólo 13% del electorado acudió a las urnas, ha generado un amplio debate sobre el significado y las implicaciones de este nuevo mecanismo de elección de jueces y magistrados impulsado por el gobierno federal.
La elección, considerada inédita por su magnitud y alcance, contempló 2,681 cargos nacionales y locales en el Poder Judicial, en un modelo que, aunque con similitudes en países como Bolivia, Japón y Estados Unidos, constituye una novedad dentro del sistema mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proceso como un “gran ejercicio” y defendió la participación alcanzada al compararla con consultas anteriores promovidas por el gobierno.
“Todo es perfectible, ayer (el domingo) fue la primera elección, se sacarán las conclusiones para poder mejorar en 2027. Fue un gran ejercicio y mucha gente participó”, declaró. También destacó que, en la consulta de 2021 sobre el enjuiciamiento a expresidentes, participó el 6% del electorado, y en la de revocación de mandato de 2022, el 18%. Desde esa perspectiva, señaló que la cifra alcanzada este domingo puede considerarse un éxito.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coincidió con la mandataria y afirmó que el nivel de participación cumplió las expectativas. Sin embargo, diversos especialistas en derecho y procesos electorales han señalado que la escasa asistencia a las urnas podría deberse a problemas estructurales en la organización del proceso y no necesariamente al desinterés por la reforma.
La elección se llevó a cabo en un contexto político marcado por la alta aprobación del gobierno, que cuenta con respaldo mayoritario en el Congreso y en los gobiernos estatales y locales. A pesar de ello, la participación estuvo muy por debajo del umbral del 50% que, según encuestas previas, los ciudadanos consideraban necesario para otorgarle legitimidad al proceso.
La oposición, fragmentada y sin una narrativa clara, optó por llamar a la abstención. Por su parte, el oficialismo postuló a una gran parte de los candidatos, lo que generó críticas sobre una posible cooptación del Poder Judicial por parte del partido en el poder. Algunos sectores consideraron que el resultado era predecible desde antes de la jornada electoral.
Expertos consultados han identificado múltiples factores que podrían explicar la baja participación. Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política, afirmó que el problema no radica en el rechazo a la reforma, sino en su implementación.
“Fue una elección intermedia –que suelen tener menor participación–, no partidista –lo que quita ese impulso identitario típico–, y además muy compleja: difícil de entender quiénes eran los perfiles y qué hacían los cargos”, señaló. Agregó que el proceso fue apresurado y abrupto, lo que provocó desinterés y confusión.
Otro elemento que incidió fue el diseño operativo de la elección. Los candidatos no pudieron hacer campaña, recibir financiamiento ni aparecer en medios de comunicación. Esto impidió que la ciudadanía conociera a los aspirantes y sus propuestas. Además, votar fue un proceso largo: los electores recibieron entre seis y diez tarjetones, lo que implicaba invertir entre 10 y 15 minutos en el ejercicio del voto, según estimaciones de especialistas.
A ello se sumaron obstáculos logísticos. En algunas regiones del país, la presencia del crimen organizado limitó el acceso a los centros de votación. Por otra parte, personas mexicanas en el extranjero y aquellas privadas de la libertad en espera de sentencia no pudieron votar, a pesar de que muchas de ellas podrían ser directamente afectadas por los resultados del proceso.
La reforma también relajó los requisitos de educación y experiencia para los candidatos, lo que generó críticas sobre la idoneidad de varios postulantes. Algunos fueron señalados por vínculos con grupos delictivos, mientras que otros fueron cuestionados por su falta de trayectoria judicial.
La elección judicial fue concebida como parte de una reforma estructural promovida inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante la percepción de que el Poder Judicial bloqueaba sus iniciativas legislativas. El sistema, según sus promotores, busca democratizar el acceso a la justicia y reducir los niveles de impunidad, corrupción y nepotismo que caracterizan al sistema actual. De acuerdo con cifras oficiales, 90% de los homicidios en México no se resuelven judicialmente.
El oficialismo considera que este nuevo modelo fortalece la democracia y combate prácticas clientelares y autoritarias del pasado. En contraste, diversos sectores lo ven como una concentración excesiva de poder en un solo partido. Sheinbaum ganó la presidencia con el 60% de los votos en 2024 y su partido logró mayorías absolutas en el Congreso, lo que facilitó la aprobación de la reforma. Con el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y, ahora, Judicial, Morena se ha consolidado como la fuerza dominante del país.
Las elecciones judiciales celebradas el domingo son sólo la primera etapa de una transformación que continuará en 2027, cuando se renovarán más cargos judiciales. Entre tanto, el debate sobre la legitimidad, pertinencia y operatividad del modelo apenas comienza, en un país donde los problemas de justicia siguen siendo uno de los desafíos más profundos para la democracia.
Con información de Más Información.
