CDMX. Las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) permanecieron cerradas el miércoles debido a un plantón que cumple ya diez días y en el que se exige la destitución de Martha Yuriria Rodríguez Estrada, actual titular de la institución.

Las manifestantes acusan a Rodríguez Estrada de revictimización, negligencia y abuso de poder, y advierten que no se retirarán hasta que sea removida de su cargo.

Milagros Flores, integrante del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, señaló que la CEAV no ha ofrecido medidas de protección a su hermano, sobreviviente de desaparición forzada ocurrida en 2019, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) las ha solicitado.

Flores afirmó que, además, dos de sus hermanos están desaparecidos desde 2015 y 2019, respectivamente, y que las respuestas de la institución han sido insuficientes.

“Nos ponen todo tipo de obstáculos, principalmente no nos acompañan en las búsquedas ni nos dan viáticos para los traslados, o nos dicen que habrá reembolsos, pero se tardan en pagar”, expresó. También mencionó que, aunque ha recibido atención médica y psicológica, considera que ha sido revictimizada en todo el proceso.

El lunes pasado, las manifestantes cerraron completamente el acceso a las instalaciones. Colocaron cintas de seguridad y cartulinas con mensajes como “Verdad, justicia y reparación”, “Presidenta, las víctimas llegamos y estamos solas”, y “Justicia para los desaparecidos”. Hasta ese momento, existía un acceso habilitado, pero ante la falta de respuesta decidieron cerrar el inmueble por completo.

El medio Animal Político solicitó una postura de la CEAV en relación con la protesta, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta oficial.

Socorro Ross, otra de las manifestantes, relató que su esposo fue secuestrado en 2015 y que desde entonces no ha recibido apoyo institucional. Indicó que la única interacción con funcionarios de la CEAV ha sido un reclamo por la interrupción de los servicios a otras víctimas. Según Ross, trabajadores del organismo les dijeron que por su culpa no se van a dispersar los apoyos para víctimas este mes.

“Y nosotros respondimos que la solución es sencilla: que se vaya la titular y nos vamos nosotros”, dijo Ross. Añadió que su experiencia con la CEAV ha sido marcada por retrasos en los pagos, obstáculos administrativos y desatención.

Viridiana Molina, quien estuvo presa en el Cefereso 16 por un delito que asegura no cometió, denunció que su expediente como víctima de tortura permanece estancado desde hace más de dos años. Criticó que, al acudir recientemente a solicitar información, le informaron que la funcionaria que llevó su caso ya no trabaja en la CEAV desde hace dos años. “¿Y desde entonces no pudieron asignar a otra persona, hasta apenas?”, cuestionó.

En otro caso, Patricia De la Cruz señaló que desde hace dos años ha pedido apoyo para sus nietos tras la desaparición forzada de su hijo en 2022 en Tamaulipas. Indicó que, hasta ahora, la CEAV sólo ha ofrecido atención psicológica, sin atender su solicitud de que esta atención se brinde en Atizapán, donde residen los menores.

El investigador de la organización Fundar, Ángel Ruíz, explicó que aunque para 2025 la CEAV tuvo una reducción presupuestal de 42 millones 303 mil pesos, estos recortes no justifican la falta de atención a las víctimas. Señaló que los problemas en la institución tienen origen en la forma en que se gestionan los recursos y en la discrecionalidad con la que se aplican los criterios para reconocer derechos.

“Cuando había más presupuesto se tenían el mismo tipo de problemas”, afirmó Ruíz. Agregó que no existe una política pública clara de atención a víctimas, sino una administración del problema basada en criterios cada vez más restrictivos.

En contraste con las exigencias del plantón, colectivos de distintos estados del país y más de cien víctimas emitieron un pronunciamiento rechazando la protesta, al considerarla “desproporcionada e injusta”. Aseguraron que miles de víctimas dependen del funcionamiento diario de la CEAV y pidieron a las autoridades intervenir para que los servicios se reanuden.

“El funcionamiento institucional de la CEAV CDMX no debe detenerse por las exigencias personales de unas pocas”, indica el documento firmado por organizaciones de Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Querétaro, Baja California, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

Pese al pronunciamiento, Socorro Ross reiteró que la protesta continuará. “Ya seremos muchas víctimas acá afuera peleándonos entre nosotros, o tal vez seamos todas contra la institución. Cada quién le va a apostar a lo que crea que es más conveniente”, concluyó.

Con información de Más Información.