CDMX. Un juez federal otorgó las primeras suspensiones provisionales que frenan la exigencia de datos biométricos —huellas dactilares y fotografía— para la obtención de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP). La resolución protege a los ciudadanos Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras, quienes promovieron amparos cuestionando la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Población publicada el 16 de julio.

De acuerdo con información del portal Infobae México, el juez Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, explicó que mientras la entrega de datos biométricos puede resultar irreversible, la suspensión provisional sí puede revocarse en caso de que la norma se considere constitucional en las siguientes etapas del proceso judicial.

La reforma establece que la CURP con biométricos funcionará como documento de identificación obligatorio, universal y con validez nacional, disponible en formato físico y digital. Aun así, la ley señala que los datos biométricos deberán integrarse solo con autorización expresa de cada persona, y quienes rechacen otorgarlos podrán seguir utilizando la CURP tradicional.

Pese a lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en al menos dos ocasiones que el registro biométrico será voluntario, destacando su utilidad en casos como la búsqueda de personas desaparecidas. La reforma da al Gobierno hasta mediados de octubre para habilitar los canales de consulta, validación y registro —ya sea mediante módulos o transferencia de información entre dependencias con consentimiento del titular.

El juez programó una nueva audiencia para el 1 de septiembre, en la que definirá si concede suspensiones definitivas para los promoventes, mismas que podrían permanecer vigentes durante todo el juicio de amparo.

La discusión se da en un contexto de críticas. En junio, especialistas y colectivos de derechos digitales advirtieron que la CURP biométrica podría alimentar una infraestructura de vigilancia masiva vinculada con la Plataforma Única de Identidad, con riesgos de exclusión, discriminación y violaciones a la privacidad sin los controles constitucionales adecuados.

Por otro lado, autoridades como Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, han defendido que el sistema respetará los límites legales y operará bajo control judicial, asegurando que la autorización de datos será siempre previa y voluntaria, lo que garantizaría la protección de la información personal.

La última palabra recaerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma en los próximos meses, una vez que sus nuevos ministros entren en funciones.

Con información de Más Información.