CDMX. Durante 2024, el Estado mexicano devolvió a sus países de origen a 243 personas que contaban con necesidades de protección internacional, de acuerdo con el informe ‘El principio de no devolución (non-refoulement) en México 2024’, elaborado por el Grupo de Trabajo de No Devolución.

El reporte revela que la mayoría de estas personas eran refugiadas o solicitantes de asilo, y que su retorno violó el principio internacional que prohíbe la expulsión de personas a contextos donde su vida o libertad están en peligro.

La información, publicada por el portal Animal Político, indica que entre las personas entrevistadas, 65% eran hombres y 35%, mujeres; además, 92% correspondían a adultos y 8% a niñas, niños y adolescentes. De los 243 casos documentados, 131 personas ya habían sido reconocidas como refugiadas y 45 se encontraban en proceso de solicitud de asilo.

Las entidades donde se concentraron más detenciones y riesgos de devolución fueron Baja California, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco y Chiapas. En estos estados, se detectaron traslados forzados de migrantes detenidos desde estaciones migratorias del norte y centro hacia el sur del país, práctica que no solo invisibiliza su paradero, sino que, según el informe, los mantiene incomunicados y vulnerables a deportaciones inmediatas.

Luis Xavier Carrancá Álvarez, abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, advirtió que las autoridades migratorias mexicanas no solo ignoran los derechos de las personas refugiadas, sino que incluso destruyen sus documentos para facilitar su deportación. “Esta política migratoria funciona como una máquina inhumana y deshumanizante”, señaló el especialista.

El sur del país, en especial Chiapas, se ha convertido en un destino forzado para migrantes que buscan protección. En ciudades como Tapachula, el informe documenta redadas en espacios públicos y detenciones arbitrarias, incluso a personas que acudían con cita a oficinas migratorias. En algunos casos, se reportó la destrucción de constancias y credenciales oficiales por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

A la par de estas prácticas, disminuyó drásticamente la entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), un documento que protege a los solicitantes de refugio de la detención y les permite acceder a trabajo, salud y educación. Mientras en 2023 se otorgaron 94,829 tarjetas, en 2024 solo se emitieron 618, lo que representa una caída del 99.35%.

Este contexto afecta también a la niñez migrante. De enero a octubre de 2025, un total de 1,364 niñas, niños y adolescentes fueron retornados a sus países, según datos del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

La mayoría eran originarios de Honduras, Guatemala y Venezuela. Sandra Mejía Martínez, abogada del IMUMI, advirtió que muchas de estas devoluciones se realizan sin cumplir el proceso obligatorio de determinación del interés superior de la niñez, lo que constituye una violación grave a los derechos de este sector vulnerable.

El abogado Carrancá también denunció que el Poder Judicial contribuye a esta problemática al no emitir sentencias de fondo que protejan a las personas migrantes, y en algunos casos, aplicando criterios abiertamente xenofóbicos.

A pesar de que México ha pasado de ser un país de tránsito a uno de destino para solicitantes de refugio –recibiendo casi 79 mil solicitudes en 2024, un aumento del 3,596% en la última década–, la respuesta institucional se ha debilitado. Los albergues en Ciudad de México operan hasta cinco veces por encima de su capacidad, lo que compromete gravemente la protección de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y menores no acompañados.

En resumen, el informe advierte que, pese al discurso oficial, México vulnera sistemáticamente el principio de no devolución y ha convertido su política migratoria en un sistema que prioriza la detención, la expulsión y el debilitamiento del acceso a derechos fundamentales para quienes buscan asilo.

Con información de Más Información.