Chihuahua, CHIH. El Gobierno de Maru Campos Galván se ubica como el tercero a nivel nacional respecto al gasto destinado a publicidad oficial durante 2024, con 674 millones 288 mil 462 pesos, solo por debajo de Guanajuato con una erogación de 756.5 millones de pesos y de Quintana Roo, con salidas por 711.6 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la agrupación Artículo 19 en su más reciente informe en el que ausculta cada una de las administraciones de las 32 entidades federativas y cuyo comportamiento va en contrasentido del Gobierno Federal.
En el informe, la organización también destaca que en el ámbito federal persisten problemas estructurales: subejercicio del presupuesto, incremento del gasto en el mes de diciembre y concentración de recursos en pocas dependencias y pocos medios de comunicación.
A nivel estatal, 13 gobiernos ejercieron más del doble de lo autorizado en sus presupuestos, cinco de los cuales -Guerrero, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz (todos con gobiernos de Morena)- gastaron más de 10 veces lo aprobado originalmente, es decir, superaron el mil por ciento de su presupuesto inicial para 2024.
La publicidad oficial tiene como objetivo comunicar a la población sobre asuntos de interés público, como programas, campañas, acciones y servicios gubernamentales que impactan su vida cotidiana. Sin embargo, cuando se ejerce sin criterios transparentes o se concentra en unos cuantos medios, puede convertirse en una herramienta de control político. Por ello, la transparencia es vital para garantizar que el gasto público cumpla con su función social.
Desde una mirada panorámica, la diferencia de datos de los años 2018 a 2024 lo ilustra con claridad: en 2018 el gobierno federal aportaba 52.8 por ciento del total de publicidad oficial; hoy, aún con un repunte federal en 2024, su participación es de 28.1 puntos porcentuales. Los estados, por su parte, alcanzaron en 2023 casi 78 por ciento del gasto conjunto y para 2024 se mantuvieron cerca de 72 puntos porcentuales.
Particularmente, en materia de concentración mediática en la federación, el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -haciendo un análisis específico respecto a los meses y años que ejerció su gestión- mostró una fuerte concentración del gasto en publicidad oficial en unos pocos medios. Destaca Televisa, que recibió mil 877 millones de pesos (10.2%), seguida por La Jornada (Demos Desarrollo de Medios) con mil596 millones (8.7%), TV Azteca con mil 340 millones (7.3%) y Medios Masivos Mexicanos con mil 282 millones (7%).
Además, el análisis completo del año 2024 (considerando las administraciones tanto de AMLO y la presidenta Claudia Sheinbaum) refuerza esta tendencia: Televisa, La Jornada y Medios Masivos Mexicanos se consolidaron como los tres principales receptores de recursos, evidenciando un patrón sostenido de concentración y falta de pluralidad en la asignación de la publicidad oficial.
En 2024 también se observa un aumento simultáneo en el gasto: los estados suben de 9 mil 474 millones a 9 mil 704 millones (variación real de 2.4%), mientras que la federación pasa de 2 mil 714 millones a $3,795 millones (39.9%). El repunte federal —aunque es el mayor del sexenio— no regresa a los niveles de 2018.
Esta disparidad muestra que, aunque en el discurso se ha reducido el gasto federal bajo la lógica de austeridad, en la práctica el gasto estatal se ha convertido en el nuevo foco principal de la publicidad oficial en el país. Este cambio estructural ocurre en un contexto sin regulación clara. Esta situación amplía el riesgo de censura indirecta, pues el gasto se usa muchas veces para premiar coberturas favorables o castigar la crítica, afectando directamente la libertad de expresión y el derecho a la información.
Ante este panorama, resulta urgente revisar la Ley General de Comunicación Social para establecer controles reales sobre el gasto a nivel estatal y federal, definir criterios claros de asignación, y reforzar las obligaciones de transparencia para que no haya uso indebido de recursos públicos. Solo con reglas claras se podrá asegurar que la comunicación social respete la pluralidad y la independencia de los medios, y que el dinero público no se utilice para manipular la agenda informativa.
Con información de Artículo 19.
