CDMX. Las cifras oficiales sobre incidencia delictiva en México carecen de confiabilidad debido a subregistros, manipulaciones y reclasificaciones deliberadas, de acuerdo con el estudio “Incidencia delictiva 2025… y algunas anomalías”, elaborado por la organización Causa en Común.
El informe denuncia que, además del hecho de que el 93% de los delitos no se denuncian, tanto el gobierno federal como los estatales presentan comparativos inconsistentes, trasladan ilícitos a otras categorías o simplemente dejan de reportarlos.
Según el reporte publicado por Causa en Común, basado en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), estas prácticas de manipulación se han intensificado con el propósito de simular una disminución en ciertos delitos, principalmente en los homicidios dolosos.
En algunos estados, estas aparentes reducciones coinciden con aumentos drásticos en otras categorías delictivas, lo que sugiere una posible reclasificación de los crímenes.
Ejemplos significativos de estas anomalías fueron documentados en los primeros ocho meses de 2025.
Colima reportó una baja del 28% en homicidios dolosos, mientras los homicidios culposos aumentaron 29%.
En Chihuahua, las víctimas de homicidio doloso se redujeron en 12%, pero las de “otros delitos contra la vida y la integridad” se dispararon 132%.
La Ciudad de México mostró una disminución del 5% en homicidios dolosos y un incremento del 88% en personas desaparecidas.
En Guanajuato, solo el 4% de los 259 asesinatos de mujeres fueron clasificados como feminicidios.
La organización también detectó irregularidades en el manejo de delitos como el secuestro.
En Guerrero, por ejemplo, se reportaron únicamente cuatro víctimas de secuestro, mientras que se consignaron 1,424 víctimas en la categoría de “otros delitos contra la libertad personal”, lo que sugiere una posible reclasificación intencional.
Un patrón similar se observó en Puebla, donde se registraron solo 23 víctimas de trata de personas, en contraste con 335 víctimas de “otros delitos contra la sociedad”.
Respecto a otros delitos de alto impacto, el reporte evidencia subregistros difíciles de justificar. Chihuahua, por ejemplo, sólo reportó ocho víctimas de extorsión durante el primer cuatrimestre de 2025, mientras que en Guanajuato, el municipio de León registró 11,535 casos de narcomenudeo, cifra superior a la de cualquier otra entidad federativa.
En el rubro de violencia familiar, diez estados informaron una incidencia menor a los dos mil casos, por debajo del promedio nacional de 2,600, destacando Tlaxcala, con apenas 37 reportes.
En cuanto al robo de vehículos con violencia, Colima no ha registrado ni un solo caso desde 2019, lo cual genera dudas sobre la veracidad del dato.
Otro caso llamativo es el de Sinaloa, que, pese a ocupar el segundo lugar nacional en robos de vehículos (2,752), solo reportó seis robos a transeúnte con violencia.
Además, diez entidades federativas no reportaron ni un solo caso de robo a transportista con violencia, lo que refuerza la hipótesis de una posible omisión o manipulación de información en ciertos delitos.
Causa en Común advierte que esta manipulación de estadísticas con fines propagandísticos socava la utilidad de estos datos para formular diagnósticos y políticas públicas eficaces. Por ello, propone implementar un programa nacional que incentive la denuncia ciudadana, mediante mecanismos como mesas vecinales y plataformas digitales.
Además, solicita que el SESNSP aumente los recursos destinados a sus sistemas de información, defina criterios homologados para el registro de delitos, audite los datos estatales y capacite a los funcionarios encargados de generar esta información.
La organización enfatiza la necesidad de crear mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión y sanción para aquellos funcionarios que proporcionen datos estadísticos falsos o incompletos.
También propone vincular esta labor con ejercicios de rendición de cuentas, con el objetivo de recuperar la confiabilidad en los registros oficiales, de no hacerlo, alertan, el país continuará enfrentando un grave déficit de información que impide conocer la verdadera magnitud de la violencia y, en consecuencia, diseñar soluciones efectivas.
Con información de Más Información.
