Chihuahua, CHIH. El abogado y activista Miguel Alfonso Meza fue denunciado por violencia política de género por Silvia Delgado García, abogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y recientemente electa jueza en el estado de Chihuahua.

La denuncia también incluye a los 14 medios de comunicación nacionales que difundieron la investigación de Meza, en la cual se advirtió sobre el riesgo de la candidatura de Delgado García en el proceso de selección judicial.

La denuncia solicita que tanto Meza como los medios sean sancionados. “Nosotros nunca la estigmatizamos, ni discriminamos por ser mujer, ni dijimos que fuera incapaz para ser jueza o abogada, simplemente que era un riesgo el vínculo que tenía con el Chapo”, señaló Meza.

Meza lleva varios años realizando un seguimiento de las decisiones del Poder Judicial, especialmente aquellas que considera influenciadas por presiones de magistrados o políticos. Mientras trabajaba en la organización Mexicanos contra la Corrupción, formó parte de un equipo legal que inició un proceso para revisar información sobre nepotismo en el Poder Judicial. Al solicitar datos a diversas entidades, detectaron que la Ciudad de México fue la única entidad que no entregó la información completa. Según Meza, la persona responsable arrancó esa parte para que no fuera revelada.

En 2024, Meza denunció al entonces ministro Arturo Zaldívar por presuntamente ejercer presión sobre jueces para influir en la resolución de amparos. “Cuando Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera, dijo abiertamente que Zaldívar le ayudaba a hablar con ciertos jueces para resolver algunos amparos delicados, yo lo denuncié”, recordó.

Previo a la elección judicial, Meza y su equipo presentaron varios amparos para invalidarla. Una vez que el proceso avanzó, orientaron sus esfuerzos hacia la identificación de candidatos con posibles vínculos con el crimen organizado, corrupción u otros escándalos. Elaboraron una lista con 25 perfiles de aspirantes a jueces que, según su investigación, representaban riesgos. Entre ellos figuraban abogados relacionados con figuras del narcotráfico y otros casos notorios.

Sobre el perfil de Delgado García, Meza explicó que su inclusión como “riesgosa” respondió a diversos factores, como su vinculación con Guzmán Loera antes de su extradición, la manera en que ha hecho pública esa relación, y su persistente defensa del narcotraficante. “Todas esas características, más el hecho de que ninguna autoridad revisó realmente cuál era su vínculo con el Cártel de Sinaloa, a mi parecer la convierte en una candidata riesgosa”, indicó. “El riesgo es justamente que sí tiene un vínculo y que nadie sabe qué tan profundo es”, agregó.

Meza también reveló que el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua solicitó sus datos personales al Servicio de Administración Tributaria, a la empresa Meta, a TikTok y a su compañía telefónica. Aunque el SAT y la telefónica rechazaron entregar la información por ser confidencial, Meta sí proporcionó su número de celular y correo electrónico. El Instituto Electoral entregó estos datos a particulares, incluyendo a la abogada Delgado García, afirmó Meza.

El abogado advirtió que la figura legal de violencia política de género está siendo utilizada como herramienta para censurar y perseguir a críticos del poder, y que su aplicación genera un efecto replicador entre actores políticos. “El uso de la violencia política de género fue como un brote epidémico, por decirlo de alguna forma, de ataques a la libertad de expresión, porque sí que tiene un efecto de contagio. Cuando un político denuncia y le es efectivo, pues entonces otros se ven motivados a utilizar las mismas herramientas”, explicó.

Según Meza, la denuncia presentada por Delgado García contempla que él sea inscrito durante un año en el padrón de violentadores, lo que lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos, además de sanciones económicas. No obstante, confía en que la sociedad civil puede actuar como contrapeso frente a los intentos de coartar la libertad de expresión. “No fueron las autoridades electorales las que pusieron límites para que la violencia política de género no fuera utilizada abusivamente, sino la reacción social que hace más costoso utilizarla”, concluyó.

Con información de Más Información.