Esta historia ha sido publicada conjuntamente con el Texas Observer y Puente News Collaborative, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la información, organización y financiación de noticias de calidad y rigor informativo enfocadas en la frontera entre Estados Unidos y México.
Juárez, CHIH. A medida de que los trabajadores de la salud se acercan al pequeño conjunto de refugios improvisados junto a las vías del tren que atraviesan el centro industrial del norte de esta ciudad fronteriza de México, las personas que se reúnen en este lugar para consumir drogas se preparan para su llegada. Están listos para intercambiar jeringas usadas por limpias, una práctica que ayuda a prevenir lesiones y enfermedades. Preparan sus kits anticipando los pequeños sobres de agua destilada con los que pueden cocinar heroína de forma más segura. Los trabajadores de Programa Compañeros, una organización sin fines de lucro que brinda suministros y asistencia a poblaciones vulnerables en Ciudad Juárez, han invertido años para construir relaciones con las personas que consumen heroína en los picaderos de Ciudad Juárez.
Algunos de estos lugares son, en esencia, tolerados por las autoridades locales, lo que permite a Programa Compañeros desarrollar servicios establecidos; el grupo los denomina “sitios de consumo de drogas”. Pero incluso en las zonas donde hay poco esfuerzo por aplicar de manera coordinada las leyes contra los narcóticos, reunirse en un mismo sitio deja a las personas vulnerables a abusos por parte de las fuerzas militares y policiales de México, que están inundando cada vez más esta ciudad de un millón y medio de habitantes al otro lado del Río Bravo, frente a El Paso (Texas).
La frontera ha sido durante mucho tiempo una de las zonas más vigiladas tanto de Estados Unidos como de México. Desde que asumió el cargo este año, el presidente estadounidense Donald Trump ha desplegado tropas adicionales en la región ya militarizada y ha presionado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para que haga lo mismo. Las investigaciones sobre despliegues fronterizos anteriores han demostrado que estos dificultan que los trabajadores de la salud de ambos lados de la frontera puedan llegar a las poblaciones vulnerables, como las que se reúnen en los picaderos.
Un hombre de 38 años en el sitio de consumo junto a las vías, que se identifica solo como Erick, dice que cuando conoció por primera vez a los trabajadores comunitarios de Programa Compañeros, desconfió de aquellos hombres con jeans o pantalones de vestir y camisetas limpias que ofrecían agujas. “Pensé que eran, sinceramente, algún tipo de policía o algo así”.
Difícilmente se le podría culpar por pensarlo. La presencia de militares en Ciudad Juárez es evidente en toda la ciudad. El esqueleto de lo que se conoce como la Torre Centinela, el futuro centro de mando del enorme programa de vigilancia del Estado de Chihuahua, se alza sobre el centro de Ciudad Juárez. Las camionetas blancas de la Guardia Nacional, con ametralladoras montadas detrás de la cabina y soldados enmascarados apretujados en la caja, pueden verse recorriendo la ciudad. También patrullan camiones completamente negros del Ejército mexicano. Erick asegura que las fuerzas de seguridad sí aparecen en el sitio, aunque rara vez para realizar arrestos.
“Ellos vienen aquí, agarran al tipo que está vendiendo y lo golpean”, dice. “Los policías y los militares. Si traes dinero contigo, más vale que lo escondas, porque si te detienen aquí y tienes dinero en los bolsillos, te lo quitan”.
Erick cuenta que creció en Ciudad Juárez y cruzó la frontera a los 19 años, viviendo primero en El Paso y luego en Nuevo México. Hace dos años, después de ser arrestado por conducir en estado de ebriedad, fue deportado a Ciudad Juárez. Erick había estado involucrado con una pandilla en Nuevo México y, antes de su deportación, estuvo encarcelado en un centro de detención de inmigrantes en la localidad de Pecos, en el oeste de Texas, donde comenzó a consumir heroína. De regreso en Ciudad Juárez, tras una ausencia de 15 años, la única comunidad que pudo encontrar fue la de los picaderos.
Difícilmente se le podría culpar por pensarlo. La presencia de militares en Ciudad Juárez es evidente en toda la ciudad. El esqueleto de lo que se conoce como la Torre Centinela, el futuro centro de mando del enorme programa de vigilancia del Estado de Chihuahua, se alza sobre el centro de Ciudad Juárez. Las camionetas blancas de la Guardia Nacional, con ametralladoras montadas detrás de la cabina y soldados enmascarados apretujados en la caja, pueden verse recorriendo la ciudad. También patrullan camiones completamente negros del Ejército mexicano. Erick asegura que las fuerzas de seguridad sí aparecen en el sitio, aunque rara vez para realizar arrestos.
“Ellos vienen aquí, agarran al tipo que está vendiendo y lo golpean”, dice. “Los policías y los militares. Si traes dinero contigo, más vale que lo escondas, porque si te detienen aquí y tienes dinero en los bolsillos, te lo quitan”.
Erick cuenta que creció en Ciudad Juárez y cruzó la frontera a los 19 años, viviendo primero en El Paso y luego en Nuevo México. Hace dos años, después de ser arrestado por conducir en estado de ebriedad, fue deportado a Ciudad Juárez. Erick había estado involucrado con una pandilla en Nuevo México y, antes de su deportación, estuvo encarcelado en un centro de detención de inmigrantes en la localidad de Pecos, en el oeste de Texas, donde comenzó a consumir heroína. De regreso en Ciudad Juárez, tras una ausencia de 15 años, la única comunidad que pudo encontrar fue la de los picaderos.
La ubicación de Ciudad Juárez en la frontera con Texas genera desafíos únicos para ofrecer servicios de reducción de daños. Migrantes de todo México y de distintas partes del mundo llegan a la frontera huyendo de la violencia o la inestabilidad y en busca de trabajo, ya sea en esta localidad o en Estados Unidos. También está la comunidad de deportados recientes, como Erick, que a menudo son devueltos a un país que apenas conocen.
Una zona “hipermilitarizada”
Los trabajadores de la salud en la región deben atender a una población particularmente vulnerable, cuyos miembros a veces hablan poco o nada de español. La creciente militarización de la frontera empuja aún más a estas poblaciones vulnerables hacia la clandestinidad y las hace más difíciles de alcanzar, según afirman trabajadores de la salud y activistas.
La atmósfera de militarización y vigilancia es generalizada a ambos lados de la frontera. Esta se intensificó en febrero, cuando México lanzó el Operativo Espejo para “reflejar” la militarización del lado estadounidense. Ambos gobiernos dijeron que el objetivo del operativo era disuadir tanto la migración como el tráfico de drogas. En México, Sheinbaum desplegó 10.000 soldados en la frontera en febrero, de los cuales casi 2.000 fueron enviados a Ciudad Juárez.
“La frontera está hipermilitarizada, como nunca la habíamos visto”, señala la doctora Patricia González Zúñiga, médica que ha realizado investigaciones y trabajo comunitario voluntario en Tijuana, del otro lado de la frontera con San Diego, California. “Ahora, si vas, por ejemplo, a un centro comercial, a una tienda o a un mercado, encontrarás muchos camiones militares llenos de soldados. Yo trabajo con personas sin hogar, y las historias que nos cuentan son muy terribles”.
Ya sea distribuyendo agujas limpias y el medicamento naloxona, que revierte las sobredosis, o simplemente ofreciendo comida, ropa limpia y atención médica, la estrategia de reducción de daños se centra en disminuir los impactos negativos del consumo de drogas en lugar de insistir en que las personas dejen de consumir. Las investigaciones han demostrado que los programas de intercambio de jeringas no solo reducen la propagación de enfermedades, sino que también sirven como una puerta de entrada a otros servicios; los estudios han encontrado que las personas que usan estos programas tienen más probabilidades de iniciar un proceso de recuperación.
La atmósfera de militarización y vigilancia es generalizada a ambos lados de la frontera. Esta se intensificó en febrero, cuando México lanzó el Operativo Espejo para “reflejar” la militarización del lado estadounidense. Ambos gobiernos dijeron que el objetivo del operativo era disuadir tanto la migración como el tráfico de drogas. En México, Sheinbaum desplegó 10.000 soldados en la frontera en febrero, de los cuales casi 2.000 fueron enviados a Ciudad Juárez.
“La frontera está hipermilitarizada, como nunca la habíamos visto”, señala la doctora Patricia González Zúñiga, médica que ha realizado investigaciones y trabajo comunitario voluntario en Tijuana, del otro lado de la frontera con San Diego, California. “Ahora, si vas, por ejemplo, a un centro comercial, a una tienda o a un mercado, encontrarás muchos camiones militares llenos de soldados. Yo trabajo con personas sin hogar, y las historias que nos cuentan son muy terribles”.
Ya sea distribuyendo agujas limpias y el medicamento naloxona, que revierte las sobredosis, o simplemente ofreciendo comida, ropa limpia y atención médica, la estrategia de reducción de daños se centra en disminuir los impactos negativos del consumo de drogas en lugar de insistir en que las personas dejen de consumir. Las investigaciones han demostrado que los programas de intercambio de jeringas no solo reducen la propagación de enfermedades, sino que también sirven como una puerta de entrada a otros servicios; los estudios han encontrado que las personas que usan estos programas tienen más probabilidades de iniciar un proceso de recuperación.
Con información de El País.
