CDMX.  A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presume una productividad sin precedentes bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, los datos evidencian una desconexión profunda entre el volumen de recomendaciones emitidas y su efectividad real: apenas el 0.7% de estas ha logrado un cumplimiento total.

Si bien la institución se presenta como más activa y cercana al pueblo, las cifras muestran que la mayoría de sus pronunciamientos terminan sin consecuencias tangibles, sin corregir las violaciones que buscan reparar ni garantizar cambios estructurales en las instituciones responsables.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre 2020 y 2024 la CNDH ha emitido 1,233 recomendaciones ordinarias y 170 por violaciones graves, cifras que colocan este periodo como el más productivo en los 35 años de existencia del organismo. Esta etapa representa, por sí sola, un tercio (30.1%) del total de recomendaciones emitidas desde 1990.

No obstante, esa producción no se ha traducido en mejoras comprobables para las víctimas, ya que solo 16 de las 2,031 recomendaciones generadas en dicho lapso alcanzaron un cumplimiento total, es decir, una probabilidad de éxito de apenas uno entre cada 127 casos.

El análisis revela que 65.4% de las recomendaciones ordinarias resueltas se han quedado en modalidades de aceptación parcial, con pruebas insuficientes o sin evidencia que sustente acciones concretas.

En tanto, 32.8% permanecen “en tiempo de ser contestadas”, una categoría ambigua que ha servido, en la práctica, para evitar resoluciones claras y posponer el cumplimiento indefinidamente.

En el caso de las recomendaciones por violaciones graves, 84.3% fueron resueltas con pruebas incompletas o aceptación parcial, y únicamente 1.9% llegó a un cierre pleno.

Este modelo de trabajo, basado en la emisión masiva de recomendaciones sin mecanismos efectivos de seguimiento, contrasta con lo que se observaba en décadas anteriores.

Durante la primera gestión de Jorge Carpizo McGregor, entre 1990 y 1993, el cumplimiento total era la norma: 9 de cada 10 recomendaciones llegaban a una resolución completa. Con el paso de los años, ese índice fue decayendo gradualmente hasta alcanzar su punto más bajo en el actual periodo. Hoy, el cumplimiento total no solo es excepcional, sino que ha sido prácticamente sustituido por resoluciones parciales que no garantizan reparación ni transformación institucional.

Este deterioro en la capacidad de incidencia de la CNDH se agrava en casos que involucran a las fuerzas de seguridad del Estado. Entre 2020 y 2024, 41% de las 100 recomendaciones ordinarias dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional se mantienen sin respuesta definitiva, registradas bajo el estatus de “en tiempo de ser contestadas”. En los hechos, esta categoría se ha convertido en una salida preferente para evadir definiciones públicas y frenar procesos de rendición de cuentas.

Además, en 2023 –el año con mayor número de recomendaciones emitidas durante esta gestión– cuatro recomendaciones dirigidas a fuerzas de seguridad fueron directamente rechazadas, a pesar de estar relacionadas con hechos que involucran desapariciones forzadas, tortura o ejecuciones extrajudiciales.

A juicio de organizaciones como el Centro ProDH, este comportamiento evidencia una actitud complaciente de la CNDH frente a las Fuerzas Armadas, particularmente cuando se trata de hechos recientes y políticamente sensibles. De hecho, se ha documentado que muchas de las recomendaciones por violaciones graves atribuidas a la Guardia Nacional en esta administración refieren a eventos ocurridos en sexenios anteriores, evitando así confrontar al actual gobierno federal.

El crecimiento acelerado en la emisión de recomendaciones coincide también con una estrategia política impulsada por la propia Rosario Piedra Ibarra, quien entre 2023 y 2024 promovió la transformación de la CNDH en una “Defensoría del Pueblo” con elección popular de su presidencia.

Durante ese mismo periodo, se emitieron la mayoría de las recomendaciones tanto ordinarias como por violaciones graves, lo que sugiere un aumento excepcional de la actividad justo en el momento en que se discutía públicamente la reforma del organismo, seguido de un descenso significativo una vez superado ese debate.

En un país como México, atravesado por crisis humanitarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos, y una creciente militarización de las funciones civiles, el papel de la CNDH como órgano autónomo es más crucial que nunca. Sin embargo, su actual desempeño muestra una desconexión preocupante entre su mandato constitucional y su eficacia operativa.

El acto formal de emitir una recomendación conserva un valor simbólico, pero su fuerza real radica en su capacidad para transformar conductas institucionales y reparar el daño a las víctimas. Cuando la mayoría de estos documentos se queda sin evidencia, sin seguimiento, o en una ambigüedad prolongada, la CNDH pierde autoridad moral y legitimidad ante la sociedad.

En suma, si bien Rosario Piedra Ibarra ha batido récords en cuanto al número de recomendaciones emitidas, el contenido de fondo revela una crisis silenciosa: una institución que ha preferido recomendar sin incomodar, y que ha relegado el cumplimiento efectivo a una excepción extraordinaria. La distancia entre la narrativa institucional y los datos de cumplimiento revela una realidad incómoda, pero ineludible: la defensa de los derechos humanos en México no se mide por la cantidad de recomendaciones, sino por su capacidad de generar justicia y transformaciones reales, algo que, por ahora, permanece alarmantemente ausente.       

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