CDMX. Siete días después de la devastadora explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, familiares de los heridos y fallecidos acusan a Grupo Tomza y Transportadora Silza de haberlos dejado sin apoyo económico ni comunicación directa. El siniestro, registrado el 10 de septiembre, ha cobrado la vida de 20 personas, mantiene a 31 hospitalizadas y ha permitido el alta de 33 lesionados.

De acuerdo con información de Infobae, la hermana de una de las víctimas, Nitzia Díaz, denunció afuera del Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, en la colonia Magdalena de las Salinas, que ni la empresa ni las aseguradoras las han contactado. Su hermana, Abril Díaz, sigue internada con quemaduras e inhalación de humo, conectada a un respirador, mientras su familia espera noticias:

“No he recibido yo ni un peso. A mí no se me han acercado ni me han dicho, ‘Vengo de tal empresa’, ni de la aseguradora, ni de nada… Cada peso que le den a mi hermana, no le va a alcanzar para reparar el daño psicológico que le hicieron a ella y a mis sobrinos”, expresó.

La legislación mexicana, a través del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, establece que las empresas deben “contratar y mantener siempre vigente un seguro que cubra la responsabilidad por daños a terceros que pudiera derivarse de la prestación de sus servicios”. En caso de incumplimiento, las autoridades pueden revocar el permiso de operación.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reveló que Transportadora Silza –propietaria de la pipa e integrante de Grupo Tomza– no había registrado sus pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental en 2025. Además, la terminal donde la pipa cargó el gas LP, la Terminal Marítima Gas Tomza, no tenía una póliza vigente: la última venció el 12 de junio de 2025, y aunque la empresa intentó registrar una nueva, la solicitud fue rechazada.

Tras las críticas, Transportadora Silza envió una misiva asegurando que activó tres pólizas vigentes para cubrir a las familias afectadas:

Un seguro por uso y manejo de gas LP, con vigencia al 10 de noviembre de 2025, un seguro por daños a terceros, vigente al 15 de diciembre de 2025 y un seguro para transportistas, vigente al 30 de noviembre de 2025.

Sin embargo, familiares como José Arturo, tío de Jesús Joel Tovar –custodio de 40 años fallecido en el accidente– aseguran que no ha habido contacto alguno:

“Con la gasera no hemos tenido contacto. Dicen que son tres seguros los que hay, pero no sé”, declaró.

Tovar viajaba con un compañero sobre la Autopista México-Puebla cuando ocurrió la fuga y posterior explosión. Mientras la empresa para la que trabajaba y el Gobierno de la Ciudad de México sí ofrecieron apoyo para gastos médicos y funerarios, el conglomerado gasero permanece ausente, según los testimonios.

Nitzia Díaz pidió que el Gobierno capitalino y las empresas responsables garanticen indemnizaciones para su hermana, madre soltera de cuatro hijos, y para los menores:

“Está ahí, luchando entre la vida y la muerte. Mis sobrinas están destrozadas, van a necesitar ayuda psicológica, y mi hermana –si sale– en el estado en el que está… su vida no va a ser fácil, y les va a costar mucho. Quiero que todo lo que están diciendo en la tele lo cumplan, que no nada más se queden en palabras, que tengan hechos de verdad”.

Grupo Tomza y Transportadora Silza son parte de un conglomerado propiedad de la familia Zaragoza Fuentes, que controla un monopolio gasero en Baja California y presume en su página web más de 500 estaciones de servicio en 15 estados del país, además de 52 permisos vigentes para expendio, distribución y transporte de gas LP. Estas empresas ya habían estado involucradas en incidentes graves:

En abril de 2023, una fuga en una gasera de Tijuana provocó una explosión que dejó cuatro personas muertas. En 2021, una explosión en Chetumal, Quintana Roo, dejó víctimas mortales. En 2014, un siniestro en Tuxpan, Veracruz, resultó en dos fallecimientos.

Estos antecedentes, sumados a las omisiones en el registro de pólizas y la falta de contacto con las víctimas de Iztapalapa, han intensificado las críticas hacia el conglomerado gasero y renovado el debate sobre la supervisión de empresas que operan con materiales peligrosos en zonas urbanas.

Con información de Más Información.