Washington. Un tribunal federal bloqueó los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, tras poco más de siete semanas de haber entrado en vigor.

El fallo, emitido por el Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, declaró que la ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no le otorgaba al presidente autoridad unilateral para imponer tarifas aduaneras a la mayoría de los países.

Esta decisión representa un revés legal significativo para una de las piezas centrales de la política económica de la administración Trump.

El tribunal estableció que la Constitución de Estados Unidos confiere exclusivamente al Congreso la facultad de regular el comercio con otras naciones. Asimismo, dictaminó que este principio no queda anulado por las atribuciones presidenciales para proteger la economía bajo circunstancias extraordinarias.

El panel de tres jueces concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), de 1977, no otorga al presidente capacidad para aplicar impuestos de importación tan amplios como los establecidos el 2 de abril.

La Casa Blanca anunció minutos después del fallo que apelaría la decisión. “No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, señaló el secretario de prensa adjunto, Kush Desai, en un comunicado oficial. Añadió que el presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense.

El caso fue impulsado por dos demandas separadas. La primera fue presentada por el Liberty Justice Center, una organización no partidista que representó a pequeñas empresas importadoras afectadas por los aranceles. La segunda fue interpuesta por una coalición de gobiernos estatales.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, afirmó: “La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca”. También declaró que los aranceles habrían provocado más inflación, daños económicos a compañías de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país.

El fallo también bloqueó un conjunto de tarifas que habían sido impuestas a China, México y Canadá, como parte de las acciones de la Casa Blanca para contrarrestar lo que calificó como un flujo inaceptable de drogas e inmigrantes ilegales. No obstante, los jueces aclararon que los gravámenes aplicados a productos específicos como automóviles, acero y aluminio, no fueron evaluados en esta resolución por estar amparados en una legislación distinta.

En términos inmediatos, la Casa Blanca tiene un plazo de 10 días para completar los procedimientos necesarios que suspendan los aranceles. Sin embargo, la mayoría ya estaban pausados mientras avanzaban las negociaciones bilaterales con los gobiernos afectados.

El exfuncionario de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), John Leonard, explicó que si la apelación fracasa, las empresas recibirán reembolsos con intereses por los montos pagados bajo los aranceles impugnados.

Los mercados globales reaccionaron favorablemente al fallo. Las bolsas asiáticas registraron alzas, las acciones a futuro en Estados Unidos subieron, y el dólar ganó fuerza frente a monedas como el yen japonés y el franco suizo. Stephen Innes, de SPI Asset Management, comentó que los inversionistas respiraron aliviados tras semanas de volatilidad extrema provocada por el tira y afloja de la guerra comercial. En su análisis, subrayó que la Oficina Oval no es una mesa de operaciones bursátiles, y la Constitución no es un cheque en blanco.

Paul Ashworth, de Capital Economics, anticipó que el fallo podría alterar la estrategia comercial de la administración Trump. Indicó que la resolución judicial desbaratará el intento de la administración Trump de cerrar rápidamente ‘acuerdos’ comerciales durante la pausa de 90 días en los aranceles. A su juicio, otros países podrían optar por “esperar y ver” el resultado final del proceso judicial antes de firmar nuevos tratados.

El régimen arancelario global anunciado el 2 de abril estableció un impuesto base del 10% a la mayoría de los países, con incrementos de hasta el 145% para productos provenientes de China. La medida fue justificada por la Casa Blanca como una forma de proteger la manufactura y el empleo estadounidense. Posteriormente, el gobierno de Trump acordó reducir los aranceles a China al 30% y los de China a Estados Unidos al 10%, como parte de una tregua bilateral. Finalmente, el fallo judicial abre una nueva etapa en la disputa comercial. Aunque la administración Trump aún tiene opciones legales, la decisión del tribunal introduce obstáculos sustanciales para la continuidad de su política comercial unilateral. El resultado de la apelación definirá si el Congreso reafirma su papel exclusivo en materia de comercio exterior o si el Ejecutivo logra ampliar sus facultades mediante nuevas interpretaciones legales.

Con información de Más Información.