CDMX. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de ley general para combatir la extorsión, con el objetivo de que este delito se persiga de oficio en todo el país, se establezca una tipificación unificada y se impongan penas de hasta 15 años de prisión.
La propuesta contempla también agravantes específicas como el cobro de piso y la comisión del delito desde centros penitenciarios, entre otras circunstancias.
Según información publicada por Animal Político, la iniciativa será presentada formalmente este viernes y representa el primer paso para armonizar las leyes estatales y federales tras la reforma al artículo 73 de la Constitución, publicada el pasado 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Esta modificación faculta al Congreso para legislar en materia de prevención, investigación y sanción de la extorsión en todo el territorio nacional.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, explicó que esta propuesta surge del trabajo conjunto de una mesa técnica integrada por diversas dependencias del gobierno federal. La intención, subrayó, es establecer un marco jurídico uniforme y fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, con un enfoque transversal e interinstitucional.
La ley propuesta prevé que el delito de extorsión se investigue de manera automática, sin que la víctima tenga que presentar una denuncia formal, eliminando así una de las principales barreras que impiden actualmente su persecución. De igual forma, busca que en todos los estados y a nivel federal se utilicen los mismos criterios legales para definir y sancionar este delito, lo cual permitirá mejorar la eficacia en su combate.
En cuanto a las sanciones, la iniciativa plantea penas de prisión que van de 6 a 15 años, dependiendo de la gravedad del caso. Se contemplan como agravantes situaciones como el cobro de piso, la extorsión cometida contra menores de edad, migrantes o servidores públicos, así como los casos en que los responsables actúen desde centros penitenciarios, práctica que ha proliferado en los últimos años.
Además, el proyecto eleva a rango de ley la actual estrategia nacional para combatir la extorsión, la cual opera mediante el número de denuncia anónima 089, y propone reformas a múltiples leyes federales para asegurar la congruencia del nuevo marco jurídico. Entre estas se encuentran el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, esta última con la finalidad de permitir que los bienes obtenidos mediante extorsión puedan ser confiscados por el Estado.
Godoy enfatizó que la propuesta no solo busca endurecer sanciones, sino establecer mecanismos claros para la investigación, persecución y sanción del delito, así como políticas públicas integrales para su prevención. En un contexto donde la extorsión afecta gravemente al pequeño comercio, al sector informal y a amplios sectores de la ciudadanía, el gobierno federal busca brindar herramientas legales más robustas para erradicar esta práctica delictiva. La iniciativa será analizada por el Congreso en los próximos días, y se espera que su discusión abra un debate amplio sobre los desafíos en la persecución de la extorsión, así como sobre la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar un acceso más efectivo a la justicia.
Con información de Más Información.
