CDMX. El año 2025 se convirtió en el más letal para las madres y padres buscadores de personas desaparecidas en México debido a la violencia directa del crimen organizado y a la impunidad que impera en el país, de acuerdo con información original de El País México. Durante ese periodo, al menos siete personas dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos fueron asesinadas y otras cuatro permanecen desaparecidas mientras realizaban esta labor, lo que revela un patrón de ataques sistemáticos contra quienes intentan localizar a sus seres queridos en territorios dominados por grupos criminales.

Los datos muestran que las agresiones del crimen organizado se concentran contra quienes investigan fosas clandestinas, rutas de traslado de víctimas y posibles sitios de inhumación ilegal. El 26 de enero, Héctor Aparicio desapareció en Tihuatlán, Veracruz, en el mismo lugar donde buscaba a su hijo desde 2017. El 12 de marzo, Magdaleno Pérez murió tras ser detenido y torturado por policías municipales de Poza Rica, Veracruz, mientras realizaba labores de búsqueda. En abril, Teresa González, madre buscadora, murió tras un intento de secuestro en Guadalajara, Jalisco, y María del Carmen Morales fue asesinada junto con su hijo Daniel en Tlajomulco de Zúñiga, también en Jalisco, mientras buscaba a Ernesto, otro de sus hijos desaparecidos.

Además de estos casos, durante 2025 se registraron asesinatos y desapariciones de buscadores en Reynosa, Tamaulipas; Ixtapaluca, Estado de México; Zacatecas; Mazatlán, Sinaloa; y Ocosingo, Chiapas, lo que confirma que la violencia contra las madres y padres buscadores se extiende por múltiples regiones del país y no se limita a un solo corredor delictivo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, México acumula más de 133 mil personas no localizadas, aunque con importantes irregularidades en la documentación, lo que agrava la crisis y dificulta la rendición de cuentas. Ante la falta de respuestas institucionales, las familias han asumido tareas que corresponden al Estado, exponiéndose directamente a los grupos criminales que buscan impedir que se descubran restos humanos, fosas clandestinas y redes de desaparición.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que el crimen organizado percibe a las madres y padres buscadores como una amenaza directa, ya que su trabajo puede revelar la magnitud de los homicidios y desapariciones en zonas bajo control criminal. Por ello, las colectivas de búsqueda, en su mayoría integradas por mujeres, enfrentan amenazas, hostigamientos, ataques armados y desapariciones forzadas mientras intentan localizar a sus familiares.

En 2025, la violencia contra buscadores no se limitó a los asesinatos. También hubo secuestros, desapariciones sin rastro posterior y múltiples agresiones, en un contexto donde la impunidad alcanza alrededor del 95 por ciento de los casos de desaparición, según organizaciones especializadas, lo que perpetúa la vulnerabilidad de quienes buscan justicia.

El patrón de ataques en Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Zacatecas, Sinaloa y Chiapas muestra que el crimen organizado ha convertido la búsqueda de personas desaparecidas en una actividad de alto riesgo. La falta de protección efectiva por parte del Estado ha llevado a organismos nacionales e internacionales a exigir que las madres y padres buscadores sean reconocidos como defensores de derechos humanos y cuenten con mecanismos de seguridad reales mientras realizan una labor esencial para la verdad y la justicia.

Con información de Más Información.