Chilpancingo. GRO. Una tarjeta informativa filtrada por autoridades federales de seguridad señala que durante la madrugada del pasado lunes fue detenido Óscar Morán, coordinador de giras de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en un operativo realizado en la colonia Potrerito, a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el documento, la captura se llevó a cabo mediante un despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales.
La información refiere que vecinos de la zona alertaron sobre movimientos sospechosos en un domicilio particular, lo que motivó la movilización de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Tras varios minutos de revisión en la zona, los agentes ubicaron el inmueble señalado y procedieron a intervenir en su interior.
Durante el operativo, los efectivos aseguraron armas largas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como diversas dosis de presuntas drogas distribuidas en envoltorios para aparente venta al menudeo. En el lugar también se localizó un perico australiano catalogado como especie en peligro de extinción y 14 teléfonos celulares marca iPhone, que serán sometidos a análisis pericial.
Las autoridades mantienen hermetismo sobre la situación jurídica de Óscar Morán, funcionario cercano al equipo de la gobernadora, y no han detallado si existen órdenes de aprehensión previas o investigaciones abiertas en su contra. Se espera que en las próximas horas se emita una postura oficial por parte del gobierno estatal o de la propia Fiscalía General del Estado.
La detención ocurre en un contexto de alta violencia en Guerrero, entidad que ha sido escenario de masacres, ataques armados y disputas entre grupos del crimen organizado en los últimos años. Tan sólo en 2024 se registraron alrededor de mil 637 asesinatos dolosos en el estado, lo que convirtió ese año en uno de los más sangrientos de la última década.
En municipios turísticos y urbanos como Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo se han documentado ataques contra civiles, incendios de vehículos y jornadas de terror que han obligado al cierre de comercios, suspensión de clases y paralización del transporte público. En varios episodios, las autoridades han tenido que desplegar operativos especiales para intentar recuperar el control de zonas tomadas por grupos criminales.
La violencia también se ha extendido a regiones rurales y comunidades afromexicanas, donde se han reportado asesinatos de líderes comunitarios, ganaderos y autoridades locales, así como ataques directos contra funcionarios municipales. Estos hechos han encendido alertas sobre el grado de penetración del crimen organizado en la vida política y social del estado.
Diversos análisis académicos y periodísticos han documentado desde hace años presuntos vínculos entre autoridades estatales y municipales con organizaciones delictivas en Guerrero. Según especialistas, en varias regiones se habrían establecido acuerdos políticos y económicos que permiten a los grupos criminales controlar territorios, rutas comerciales e incluso procesos electorales.
En el ámbito nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que en Guerrero existen autoridades que apoyan o toleran al crimen organizado, lo que complica la implementación de cualquier estrategia de seguridad. La militarización de la entidad mediante el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional no ha logrado revertir por completo los índices de violencia ni desarticular las redes de protección política a los grupos criminales.
Durante los últimos procesos electorales, se han registrado asesinatos de aspirantes, candidatos y funcionarios municipales en distintas regiones de Guerrero, hechos que organizaciones civiles atribuyen a la injerencia de grupos delictivos en la disputa por el control de alcaldías y presupuestos públicos. En varios casos, los ataques han ocurrido después de denuncias públicas sobre extorsiones, cobro de piso o reparto de recursos entre autoridades y criminales.
A pesar de que el gobierno estatal sostiene que hay avances en seguridad y presume reducciones en ciertos indicadores, organismos independientes y medios de comunicación subrayan que la percepción ciudadana sigue dominada por el miedo, la extorsión y la impunidad. La persistencia de homicidios, desapariciones y ataques a transportistas y comerciantes muestra que la capacidad de fuego y control territorial de los grupos criminales continúa intacta en amplias zonas de la entidad.
En este contexto, la detención de un funcionario cercano a la oficina de la gobernadora, en un operativo federal donde se aseguraron armas, presuntas drogas y otros indicios, abre nuevas interrogantes sobre la profundidad de la colusión entre estructuras del poder público y el crimen organizado en Guerrero. La evolución del caso y las explicaciones oficiales que se ofrezcan en los próximos días serán clave para medir el alcance político y judicial de este nuevo episodio en una de las entidades más golpeadas por la violencia en el país.
Con información de Más Información.
