CDMX. Petróleos Mexicanos (Pemex) reabrirá auditorías internas que, de acuerdo con una denuncia en Estados Unidos, habrían sido alteradas de manera indebida para encubrir presuntos sobornos de empresarios mexicanos a funcionarios de la petrolera. Así lo informó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, según información publicada por Animal Político.

Las auditorías forman parte de las investigaciones vinculadas con la denuncia presentada en Texas contra los empresarios Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, acusados de haber pagado al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex para obtener contratos.

Buenrostro señaló que la reapertura de auditorías es una medida obligada ante la sospecha de que estas fueron alteradas: “Dado que se presume en la denuncia que las auditorías fueron alteradas, se tendrán que reabrir esas auditorías y revisar nuevamente. Entonces, estamos ya abriendo las auditorías ante la presuntiva de que fueron indebidamente alteradas, a fin de complementar las investigaciones”.

De acuerdo con la funcionaria, la investigación estadounidense involucra a siete empresas: Tubular Technology; Energy On Shore Services; Cimentaciones, Estructuras y Líneas; Techno Marine de México; Isa Data; Roma Energy México; y Roma Energy Holding, además de los dos empresarios mexicanos señalados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 11 de agosto pasado una denuncia formal en un tribunal de Texas en contra de estas compañías y de Rovirosa y Ávila Lizárraga. Ambos fueron acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres cargos adicionales bajo la misma normativa. En caso de ser declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo.

De los acusados, Rovirosa ya compareció ante un juez, mientras que Ávila permanece prófugo. La sentencia quedará en manos de un juez federal, quien tomará en cuenta las directrices de la legislación estadounidense y otros factores legales. “Esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Criminal (del Departamento de Justicia) no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, declaró Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de Estados Unidos.

Buenrostro informó que Pemex tuvo conocimiento de la investigación estadounidense el 3 de abril de 2024. Sin embargo, aseguró que desde 2020 la empresa ya había detectado irregularidades en los contratos relacionados, cuyo monto ascendía a 389.9 millones de pesos. Dichas anomalías llevaron a la petrolera a cancelar procesos de asignación y licitación antes de que se adjudicaran. En algunos casos, los contratos no llegaron a firmarse, mientras que otros se cerraron de manera anticipada tras confirmarse posibles inconsistencias.

La funcionaria destacó que México continuará con sus propias indagatorias en coordinación con autoridades estadounidenses. El objetivo, dijo, será determinar responsabilidades, sancionar a los responsables y recuperar los recursos desviados. “Todas las empresas y exfuncionarios responsables deberán responder ante la autoridad y devolver al pueblo lo que robaron”, afirmó.

Las investigaciones en curso incluyen la revisión de contratos, expedientes administrativos y posibles vínculos con exfuncionarios de Pemex. La reapertura de auditorías busca aclarar si hubo manipulación de documentos internos para encubrir irregularidades y definir el grado de responsabilidad administrativa y penal de los involucrados.

El caso se suma a otros procesos judiciales recientes en los que la justicia estadounidense ha intervenido para perseguir presuntos actos de corrupción relacionados con Pemex. Autoridades mexicanas aseguraron que esta colaboración bilateral permitirá fortalecer los mecanismos de control y evitar que se repitan prácticas de corrupción en la empresa estatal.

Las indagatorias avanzarán en paralelo en ambos países, mientras el gobierno mexicano define las acciones legales y administrativas necesarias para sancionar a las empresas y funcionarios que resulten responsables.

Con información de Animal Político.