Chihuahua, CHIH. Madhay Soto Morales, jueza Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua, precisó que el amparo concedido contra el derrumbe de las presas y presones en el rancho El Saucito, propiedad del ex gobernador César Duarte Jáquez, se concedió a los habitantes del Ejido El Trigueño quienes promovieron el recurso legal para evitar afectaciones en el uso y disfrute del agua.

A través de un comunicado de prensa, a jueza abundó en que la suspensión fue solicitada por el grupo de habitantes del ejido citado, con el fin de detener cualquier acción material que pudiera privar les del uso y disfrute del agua almacenada en el predio del ex mandatario, de la cual se sirven para consumo humano, agrícola, material y el combate e incendios.

También dijo que esta determinación se basa en la necesidad de preservar el derecho humano de acceso al agua de los quejosos durante el proceso judicial, medida provisional que debe resolverse en el término de 24 horas tomadas en cuenta las manifestaciones de decir la verdad bajo protesta de quienes solicitan el amparo.

El comunicado también cita que «esa medida no impide que las autoridades competentes de la Comisión Nacional del Agua, ejerzan sus facultades legales sobre los mantos acuíferos, siempre y cuando se garantice el acceso al agua a los quejosos, ya sea en la forma en que se venía realizando o en una diversa».

En este sentido, Soto Morales precisó que las autoridades señaladas como responsables pueden impugnar dicha determinación a fin de que un tribunal de alzada revise su procedencia, pues la concesión del amparo se extiende hasta por cinco días sin prejuzgar sobre la resolución que se dicte al resolver el fondo el asunto.

Y cierra el comunicado de prensa aclarando que la función del Poder Judicial de la Federación es de carácter contamayoritario, es decir, que las resoluciones se basan en la Constitución, en la Ley o en la interpretación de las mismas, resoluciones que pueden agrar o no a la mayoría, pues buscan proteger a los gobernados contra actos arbitrario e cualquier autoridad que viole derechos humanos, aplicándose para todos, para un solo individuo, grupo vulnerable o para «el más impopular de los habitantes», concluyó.