CDMX. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) amenazan con un nuevo paro nacional en defensa de sus salarios y prestaciones, tras el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados, que afecta directamente sus ingresos y derechos laborales. Este ajuste, equivalente a una reducción de 2 mil 328 millones de pesos en términos reales, impactará a más de 50 mil empleados que laboran en juzgados y tribunales del país.

La disminución, que representa 4.12% menos en el presupuesto para sueldos, salarios y prestaciones asignado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respecto al 2024, contradice las promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que los derechos laborales de los trabajadores del PJF serían respetados.

“Por eso pedimos a la presidenta de la República que voltee a ver a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y que cumpla su compromiso de no afectarnos y de no tocar nuestras prestaciones”, declaró Irma Elizabeth Monzón, integrante del Comité de los 32 Circuitos Unidos.

El recorte presupuestal afecta mecanismos fundamentales para los empleados del PJF, como el Fondo de Reserva Individualizado (FORI), un ahorro para el retiro de los trabajadores de base, y el Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI), del cual gozan todos los empleados. Asimismo, se ven comprometidos beneficios como el seguro de gastos médicos mayores y asignaciones adicionales programadas en noviembre.

Estas medidas ocurren a pesar de que la reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Sin embargo, desde el pasado 10 de diciembre de 2024, el CJF advirtió que el recorte global, que asciende a 13 mil 117 millones de pesos (17.45% menos de su presupuesto total), afectaría tanto la operatividad como los derechos laborales de los empleados.

La reducción no solo perjudica al CJF, sino también a la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estas instituciones enfrentan una disminución conjunta de 8 mil 719 millones de pesos, lo que representa un 12.37% menos en su presupuesto para sueldos y prestaciones, impactando a más de 5 mil trabajadores de la SCJN y el TEPJF.

El 14 de enero de 2025, trabajadores del PJF en Zapopan, Jalisco, difundieron un video en el que anunciaron la posibilidad de iniciar un paro nacional en respuesta a una disminución que, aseguran, representa hasta un 20% de su sueldo integrado. Monzón, quien también es secretaria de un Tribunal Colegiado, señaló: “Lo que se viene posiblemente es una suspensión para que respeten nuestros derechos”.

Esta amenaza de movilización se da en un contexto de creciente inconformidad dentro del PJF. En 2024, los trabajadores realizaron protestas masivas contra la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Estas movilizaciones culminaron en un paro laboral que se extendió por varias semanas.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) ha lanzado una convocatoria para votar sobre una posible suspensión nacional de labores. Según los trabajadores, este recorte es “la culminación del ataque” que, afirman, el Poder Legislativo y el Ejecutivo han implementado contra el Poder Judicial.

Monzón enfatizó que los empleados del PJF son trabajadores como los de cualquier otra dependencia gubernamental, con familias y proyectos de vida que dependen de las prestaciones ganadas a través de años de servicio. “Tenemos proyectos ya realizados con base en las prestaciones que están contempladas en las condiciones generales del trabajo”, añadió.

El CJF advirtió que las reducciones presupuestales no solo afectan a los trabajadores, sino que también comprometen la continuidad operativa de juzgados y tribunales en todo el país, lo que podría repercutir en el acceso a la justicia para los ciudadanos.

Mientras tanto, las y los trabajadores del PJF continúan organizándose para exigir respeto a sus derechos laborales, planteando la posibilidad de paralizar actividades en múltiples sedes judiciales como medida de presión para revertir las reducciones.

En agosto de 2024, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores en protesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que finalmente fue aprobada y promulgada en septiembre. El paro laboral se extendió hasta el 11 de octubre de 2024, cuando el Consejo de la Judicatura Federal determinó la reanudación de actividades.

Con información de Más Información.