Chihuahua, CHIH. Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán, diputado federal por Movimiento Ciudadano, y Nancy Escárcega Valenzuela, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, se encuentran bajo la lupa del Departamento de Justicia de Estados Unidos por diferentes causas relacionadas con dinero y el ejercicio del servicio público.
A través de una solicitud de revisión preliminar, Mario Arturo Pico Castañeda, asesor de seguridad en Texas, señala al diputado federal emecista, al legislador local del mismo partido, Francisco Sánchez y su esposa y magistrada, Nancy Escárcega, de los posibles ilícitos que podrían tener jurisdicción federal en Estados Unidos.
“Diversas fuentes públicas y testimonios han planteado cuestionamientos sobre el posible uso indebido de la autoridad pública, conflictos de interés, actividades relacionadas con tráfico de influencias o el manejo de recursos financieros o institucionales. Dada la posible existencia de elementos transfronterizos, transacciones financieras o activos que pudieran caer bajo jurisdicción estadounidense, parece apropiado que el Departamento de Justicia evalúe si dicha información amerita una investigación preliminar”, sostiene el documento.

Pico Castañeda sostiene que el documento no alega hechos, no afirma conclusiones ni presume la existencia de responsabilidad penal, sino que busca una evaluación objetiva e imparcial sobre si la información reportada públicamente podría justificar un examen adicional conforme a los estatutos federales aplicables, los estándares de integridad pública o los marcos regulatorios dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos.
“Esta solicitud se presenta de buena fe y únicamente con el interés de apoyar la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación consistente del Estado de derecho”, sostiene la petición, por lo que pide que el Departamento de Justicia, dentro de su discreción y autoridad, determine si la información aquí referida justifica algún tipo de revisión, investigación o canalización al órgano investigador o de supervisión correspondiente.
La magistrada ha sido señalada por presuntos tráficos de influencias luego que, a veinte días de haber llegado al Poder Judicial de Chihuahua, su hermano fue beneficiado con una semilibertad tras enfrentar una peña superior a cuarenta años por secuestro.
“El Caballo” ha sido señalado desde la campaña de 2021 cuando derribó una vivienda en la colonia Punta Oriente con el pretexto –sin pruebas- que el lugar era utilizado como punto de distribución de drogas y sin que haya realizado alguna reparación del daño.

