CDMX. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma para limitar la suspensión en los juicios de amparo cuando esta contravenga el interés social o el orden público. Con esto, su gobierno busca frenar el uso estratégico del amparo para frenar actos de autoridad, proyectos de infraestructura o para evitar sanciones fiscales, en lo que considera un uso abusivo de este recurso legal.
La información fue publicada por el portal Animal Político, que detalló que la propuesta presidencial contempla reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incorporando nuevas limitaciones para que las suspensiones no se utilicen como herramientas para obstaculizar acciones de gobierno, operativos financieros o cobros fiscales ya validados.
Uno de los puntos centrales es que el juez deberá evaluar no solo la posible legalidad del acto reclamado, sino también su impacto en el interés social y el orden público. Esto podría impedir que se otorguen suspensiones provisionales si, por ejemplo, estas permiten actividades sin permisos legales, relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o que bloqueen las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En particular, se prohíbe otorgar suspensiones en casos de bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, medida que según el gobierno ha sido utilizada para desbloquear más de 27 mil millones de pesos entre 2018 y 2025, antes de que se resolvieran los juicios.
La propuesta también busca cerrar espacios para suspensiones que impidan al Estado ejercer facultades en materia de deuda pública, aunque establece excepciones para asegurar la subsistencia de personas físicas, el cumplimiento de obligaciones alimentarias y el pago de salarios. Las suspensiones definitivas solo procederán si se demuestra la licitud de los recursos involucrados.
Además, la iniciativa introduce una definición formal de interés legítimo en el artículo 5 de la Ley de Amparo, retomando criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto tiene como propósito facilitar la defensa de intereses colectivos o difusos, como los derechos ambientales, y al mismo tiempo evitar que el amparo se use para impugnar normas de manera general sin afectación directa.
En su parte procesal, la reforma propone plazos fijos para evitar dilaciones en los juicios: cinco días para admitir recursos de revisión y un límite de 60 días para emitir sentencias fuera de audiencia constitucional. También se endurecen reglas para evitar recusaciones maliciosas y ampliaciones de demanda que solo busquen alargar los procesos. A la par, se establece la digitalización obligatoria de los juicios de amparo, con plazos de 360 días para adaptar sistemas electrónicos y 180 días para que todas las autoridades puedan operar por esta vía.
Otra modificación significativa es la que permite a las autoridades justificar la imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia de amparo. En estos casos, el juez analizará si otra autoridad debe ejecutar lo ordenado y, de comprobarse la imposibilidad, se eximirá de sanciones como multas o responsabilidades penales, trasladando la sanción al organismo en lugar de imponerla al funcionario responsable.
En materia fiscal, la reforma declara improcedentes los recursos de revocación y juicios contenciosos administrativos cuando se trate de créditos fiscales firmes, ya confirmados en instancias previas. Con ello se busca evitar lo que el gobierno considera una estrategia para dilatar indefinidamente el pago de impuestos ya validados. La administración asegura que estos litigios suelen extenderse por más de cuatro años. No obstante, se aclara que aún será posible interponer amparos contra actos finales del procedimiento de cobro, como el remate de bienes embargados.
La iniciativa representa uno de los ajustes legales más relevantes en la etapa inicial del gobierno de Sheinbaum y ya ha generado debate sobre el equilibrio entre la eficiencia del Estado y la garantía de derechos fundamentales. En sus justificaciones, el documento recalca que los cambios buscan evitar el abuso del amparo sin despojar a los ciudadanos de medios legítimos para defenderse de actos arbitrarios de la autoridad.
Con información de Más Información.
