Washington, D.C.. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego llevó su conflicto con el Gobierno federal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde presentó una denuncia por lo que considera una persecución política impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El magnate afirma que desde 2023 ha sido objeto de un acoso sistemático, motivado por la exigencia de pago de deudas fiscales que datan, en algunos casos, desde 2007 y que, tras años de litigio, suman más de 51 mil millones de pesos.
Según información publicada por El País, la denuncia fue presentada luego de que Salinas Pliego agotara todas las vías legales en México y perdiera varios juicios en la Suprema Corte el pasado noviembre.
Grupo Salinas calificó como un hostigamiento fiscal, judicial y administrativo las acciones del Estado mexicano, señalando que tienen como fin restringir la libertad de expresión del empresario y su presencia en el debate público.
En un comunicado emitido tras reunirse con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la empresa acusó al Estado mexicano de llevar a cabo auditorías excesivas, dañar deliberadamente la reputación del empresario a través de medios oficiales, utilizar políticamente el aparato fiscal y manipular el Poder Judicial, esto último en referencia a la reforma que modificó por voto popular la estructura de la judicatura.
La acción internacional ocurre apenas unas semanas después de que la Secretaría de Hacienda fijara de manera definitiva el monto que el empresario deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), avanzando así hacia la fase final del proceso: la ejecución del cobro. Aunque el SAT ofreció una reducción de hasta el 39% si se realizaba el pago voluntario, Salinas Pliego optó por escalar el conflicto a la esfera internacional.
Pese a la magnitud mediática de esta denuncia, expertos advierten que su impacto jurídico será limitado. El proceso ante la CIDH podría tardar años en resolverse, y es poco probable que el tribunal internacional intervenga en un caso con trasfondo predominantemente fiscal, una materia ajena al ámbito habitual de esa Corte. Incluso si el fallo resultara favorable al empresario, difícilmente tendría efectos prácticos en el proceso ya en marcha en México, acelerado por recientes reformas al amparo aprobadas por el Congreso.
Desde el gobierno de Sheinbaum, el caso Salinas Pliego ha sido utilizado como ejemplo de su política para cerrar los vacíos fiscales y exigir el cumplimiento tributario, sin necesidad de implementar nuevas reformas fiscales. El Ejecutivo ha convertido la lucha contra los grandes deudores en una bandera clave para mantener la financiación de programas sociales, siendo el empresario una figura emblemática de los sectores que, durante años, han recurrido a tácticas legales para evadir al fisco.
Con información de Más Información.
