Nuevo León. Diversas organizaciones exigieron al Gobierno del estado de Nuevo León dejar de obstruir la investigación y esclarecer las irregularidades en la muerte de Ángel Manuel Moreno, un niño con discapacidad que falleció en las instalaciones del DIF Nuevo León, garantizando la integridad de todas las niñas y niños bajo su cuidado.
Fue el pasado 9 de febrero de 2022 cuando ocurrió la muerte de Ángel, de 14 años, y la inmediata cremación de su cuerpo sin informar a la fiscalía del Estado. Los hechos fueron de conocimiento público hasta el 16 de febrero. Tras días de silencio, el viernes 18 de febrero de 2022, a través de una cuenta no oficial y de reciente creación, las autoridades informan que había fallecido tras padecer diversos malestares estomacales y un choque séptico que provocaron su deceso, al tiempo de asegurar que estaba con supervisión del médico de guardia, sin explicar porque no se trasladó al hospital de emergencias.
El contexto es importante, Ángel Moreno fue trasladado al DIF Fabriles como castigo por su participación en la toma de una sección de DIF Capullos. La tarde del domingo 28 de noviembre de 2021, Ángel junto a otros adolescentes reclamaron malos tratos. Ante el enojo de los directivos del DIF y las amenazas públicas que los adolescentes tendrían «consecuencias por sus actos de vandalismo«.
En aquella fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León estableció medidas precautorias sobre estos hechos: “a fin de evitar cualquier acto en contra de la integridad física y seguridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en resguardo, protegiendo efectivamente sus derechos humanos, a fin de que no les sean transgredidos«. Lamentablemente esto fue incumplido.
Ante la presión nacional e internacional para investigar la muerte de Ángel, la fiscalía del estado confirmó que el niño Ángel Moreno fue víctima de una agresión que le ocasionó graves daños, lo mantuvieron en agonía por más de 15 horas, no fue trasladado al hospital, se cremó su cuerpo de forma inmediata sin notificación oficial, se buscó borrar evidencias y ocultar públicamente el homicidio. La fiscalía logró la aprensión del enfermero Francisco “N” por la agresión directa y solicitó la captura de dos funcionarios vinculados al ocultamiento de evidencias.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) investigó el caso y emitió una recomendación contundente: lo ocurrido fue un crimen de Estado. La recomendación señala una cadena de responsabilidades que incluye omisiones, encubrimiento y violencia institucional.
A pesar de ello, el gobernador Samuel García rechazó la recomendación, se ha negado a asumir responsabilidades y sigue protegiendo a los presuntos responsables. Hoy, Miguel Ángel “N” —quien tenía responsabilidades directas sobre el albergue— es diputado federal y, junto con Mauricio Miguel “N”, exfuncionario del DIF, están amparados para evadir la justicia. Solo el enfermero que cometió la agresión directa permanece detenido. El silencio institucional y la protección política son inaceptables.
El equipo de la CEDHNL ha sido blanco de amenazas de muerte y acoso judicial desde que documentaron el caso y exigieron justicia.
Por ello, solicitaron que se amplíen las medidas de protección de la integridad y resguardo de los cientos de niñas, niños y adolescentes albergados en el DIF Capullos y Fabriles, y sean monitoreadas de forma independiente por una comisión externa de personas expertas.
Y por último, exigieron que la Fiscalía del estado continúe con la investigación a fondo sobre la muerte de Ángel transparentando información relativa a los avances y obstrucciones para lograr sentencia por la muerte del niño Ángel Moreno.
