CDMX. México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo en el mundo. Esta máxima parece un discurso cada vez menos potente por normalización en la que ha recurrido la sociedad mexicana para minimizar los crímenes cometidos contra periodistas en el país cada año.

Este 2025, la violencia contra los periodistas no fue la excepción. Si bien el número de periodistas asesinados no repuntó con respecto con otros años, con un total de siete comunicadores ultimados por su labor profesional, de acuerdo con Artículo 19, la criminalización fue la regla que prevaleció por parte del Estado en contra de la libertad de expresión.

A nivel subnacional, los ejercicios más marcados de criminalización hacia los profesionales de la información fueron en Veracruz, donde la gobernadora Rocío Nahle ha iniciado una persecución sistemática en contra de los comunicadores críticos, y ha empleado a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para fabricar acusaciones en contra de los periodistas que han disentido de su forma de gobernar.

Sin embargo, el caso de Veracruz no es el único, en Campeche la gobernadora Layla Sansores también ha tratado de evitar la crítica por medio de señalamientos públicos y denuncias contra periodistas, a quienes ha tratado de impedir la difusión de contenidos de interés público que evidencian las falencias y deficiencias del gobierno estatal.

Aunque el Estado mexicano suele deslindarse de su responsabilidad para garantizar la libertad de expresión y el pleno ejercicio del periodismo en el país al acusar al crimen organizado de los crímenes contra los periodistas, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han revelado que se ha consolidado una política de persecución e invisibilización sobre la labor de la prensa, principalmente a nivel subnacional, donde las condiciones de precariedad laboral son más marcadas.

RSF ha documentado que paulatinamente México se parece más y más a Estados antidemocráticos como China o Rusia, donde los periodistas críticos son criminalizados y detenidos por ejercer su labor, pues en ambas naciones más de 160 comunicadores fueron encarcelados durante este año por desempeñar su función.

También Amnistía Internacional (AI) ha detallado que el odio hacia los medios de comunicación y los periodistas ha crecido en el mundo, principalmente con los discursos populistas que han proliferado en diferentes regiones, donde los comunicadores son blancos de las críticas de los líderes que pretenden polarizar a las sociedades.

El caso más alarmante para las distintas organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión es Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha incurrido en una práctica de secularización de la prensa para diferenciar a aquellos que son afines a su proyecto de gobierno y a los que son críticos.

Esta visión ha provocado un marcaje personal para los periodistas que cubren la Casa Blanca, donde Trump ha obligado a una revisión puntual y estricta de la prensa, para que no incurran en “desinformación” que manche el discurso que trata de pregonar, y por ello cada vez son más relegados los comunicadores de medios como CNN, The New York Times, The Washington Post, entre otros.

El riesgo del silencio

Con la criminalización, los diferentes actores políticos pretenden evitar que los periodistas realicen su labor de contrapeso. Esta práctica de fabricación de delitos se fortalece en aquellas sociedades, donde existe una escasa legitimidad de la labor de la prensa, pues en el caso de México, sólo el 37 por ciento de la población tiene una opinión positiva sobre la labor de los comunicadores, es decir, que existe una percepción mayoritaria de que los periodistas son “chayoteros”, “vendidos”, “conservadores”, “neoliberales”, “fachos”, “fifís”, entre otros adjetivos que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador tanto se enfocó en establecer.

Así, resulta más fácil criminalizar a los periodistas, porque la sociedad minimiza el peso específico que tienen los comunicadores en la colectividad, para fortalecer las democracias y garantizar las libertades, sobre todo, de pensamiento, lo que permite evidenciar las prácticas de corrupción e impunidad que el Estado pretende ocultar.

A nivel subnacional, el control que ejercen los gobernadores sobre la prensa históricamente ha sido más férreo. Los medios de comunicación han sido controlados a través de la famosa práctica de “la zanahoria o el garrote”, con la cual controlan las líneas editoriales de los medios mediante convenios de publicidad oficial.

El cambio de gobiernos emanados de distintos partidos políticos no ha consolidado un cambio real en el sistema de control de los gobiernos estatales a la prensa. Tanto mandatarios emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC) o el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) incurrieron en estas prácticas.

Con la autocensura, el silencio escala y se vuelve ensordecedor. Estos desiertos informativos logran que la simbiosis perfecta entre crimen organizado y gobiernos locales mantenga mecanismos de impunidad arraigados, que sean cada vez más inmunes en el tiempo.

Por ello, es fundamental que las sociedades reconozcan el valor de los medios de comunicación y de los periodistas en general, para que se fortalezca la protección a su labor, y con ello se garantice el derecho a la información que tiene cada ciudadano.

México es un país, en donde la relación entre la prensa y el gobierno ha sido sumamente compleja. Los periodistas han dependido históricamente del dinero público, dado que han evitado optar por un nuevo modelo de negocios independiente que apueste por las audiencias.

Con estas problemáticas, no resulta extraño que en general la población suela minimizar los efectos de la violencia contra los periodistas y las marchas de repudio sean únicamente organizadas por periodistas y activistas, pues incluso las universidades han dado la espalda a la función informativa que tienen los profesionales de la información, pese a que son formadoras de nuevos comunicadores.

Lo preocupante también resulta que en aquellas sociedades que se habían caracterizado por garantizar el pleno ejercicio del periodismo también estén retrocediendo, como sucede particularmente en Estados Unidos, donde el gobierno de Trump ha optado por la persecución de los medios y periodistas, provocando censuras que son mucho más típicas en América Latina.

En otros países como Argentina, El Salvador, Venezuela, la labor de la prensa ha sido más controlada por parte de los gobiernos que se asumen como los únicos garantes de una sola versión de la narrativa de los hechos y que acusan a quienes disienten de estas posturas de tratar de provocar la salida de los gobiernos.

Con información de Los Ángeles Press.