CDMX. En llamado a bloquear el gasoducto Sierra Madre en Chihuahua ha comenzado a tomar fuerza entre ejidatarios, colectivos ambientales y organizaciones civiles que se oponen a la construcción de esta infraestructura ligada al megaproyecto Saguaro Energía, al considerar que provocaría graves daños ambientales, afectaciones al agua, a los pastizales y a las actividades productivas locales, además de no generar beneficios reales para las comunidades.
De acuerdo con un reportaje de Animal Político, el gasoducto, impulsado por la empresa Mexico Pacific, atravesaría terrenos ejidales en el municipio de Casas Grandes, incluido Juan Mata Ortiz, para transportar gas shale extraído mediante fracking en Texas hasta una planta de licuefacción en la costa de Sonora, desde donde sería exportado a Asia. La oposición comunitaria se ha intensificado ante el temor de fugas de gas, impactos en el ganado, los árboles de la Sierra Madre Occidental y los manantiales de la región.
Ejidatarios como Julio Mora señalan que la empresa solicitó un derecho de vía de 25 metros de ancho y que nunca aclaró aspectos clave como el pago por metro cuadrado ni las posibles afectaciones ambientales. El propio estudio de Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto reconoce riesgos para la calidad del agua superficial, el suelo, la flora y la cobertura forestal. A ello se suma el impacto acumulado del proyecto completo, que incluye la planta de licuefacción y el tránsito de buques metaneros en el Golfo de California.
Organizaciones como Conexiones Climáticas y la coalición Ballenas o Gas sostienen que el gasoducto no puede evaluarse de manera aislada, ya que la Manifestación de Impacto Ambiental fue fragmentada en varias partes, cuando debería analizarse el impacto integral del megaproyecto. Estas agrupaciones impulsaron movilizaciones y reunieron cerca de 300 mil firmas para pedir la cancelación del proyecto, al considerar que sus emisiones totales serían equivalentes a las de países como Portugal y Suecia juntos.
La controversia escaló al plano nacional e internacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmara que no existen irregularidades y que se revisa la disponibilidad de gas y la necesidad de un ducto adicional. Sin embargo, organizaciones de litigio señalan que el proyecto Saguaro Energía enfrenta al menos diez amparos. Un día después de las declaraciones presidenciales, la Organización de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por los megaproyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California, incluyendo los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, así como cuatro terminales, al cuestionar su legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos.
En Chihuahua, colectivos como la Eskuela Radical han recurrido a protestas creativas, como el uso de una botarga del perrito de la pradera de cola negra, especie en peligro de extinción cuyo hábitat sería afectado por el gasoducto. También impulsaron una audiencia pública con autoridades estatales, aunque reconocen que este mecanismo no garantiza la cancelación del proyecto y sólo busca ampliar la difusión de información.
La falta de transparencia sobre el trazo exacto del gasoducto, cuyos datos han sido reservados por motivos de seguridad nacional, aumenta la incertidumbre. De acuerdo con activistas, el ducto pasaría por debajo del río Palanganas, una fuente de agua permanente en la región. Además, habitantes de Juan Mata Ortiz advierten que la obra podría afectar la alfarería local, que depende de arcillas de la zona, así como el turismo cultural vinculado a Paquimé.
Aunque algunos ejidatarios han aceptado el derecho de vía, otros rechazan el proyecto. Para ellos, el llamado a bloquear el gasoducto se perfila como una medida extrema para impedir que Chihuahua sea utilizada como una zona de sacrificio ambiental sin beneficios sociales claros.
Con información de Más Información.
