El país donde matar a un sacerdote se volvió rutina

México cerró el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con una estadística escalofriante: diez sacerdotes asesinados y al menos dos desaparecidos sin resolver.

A once meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, el saldo ya suma dos nuevos homicidios de clérigos. No son cifras aisladas: detrás de cada nombre hay un expediente estancado, una comunidad atemorizada y una Iglesia que se ha convertido en blanco de los mismos grupos que controlan territorios enteros a fuerza de fuego y miedo.

En este país, oficiar misa en ciertas zonas es tan peligroso como portar uniforme militar. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo diez muertos, dos desaparecidos, y cero culpables.

Entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024, el país registró una decena de sacerdotes ejecutados. La lista es amarga y precisa:

José Martín Guzmán Vega, Tamaulipas, 22 de agosto de 2019. Acuchillado en el interior de su parroquia. Caso sin detenidos.

José Guadalupe Popoca Soto, Morelos, 2021. Hallado sin vida en Zacatepec tras haber sido reportado desaparecido.

Investigación congelada.

José Guadalupe Rivas Saldaña, Tecate, Baja California, mayo de 2022. Secuestrado y asesinado; el cuerpo apareció en un camino rural. Ningún culpable.

Rubén Alcántara Díaz, Estado de México, 2018, apuñalado frente a su altar. Caso archivado.

Javier Campos Morales S.J. y Joaquín César Mora Salazar S.J., sacerdotes jesuitas, ejecutados el 20 de junio de 2022 en Cerocahui, Chihuahua, por hombres armados identificados con un grupo del crimen organizado. El asesino fue posteriormente abatido por fuerzas federales, el único caso con responsable directo identificado.

Marcelo Pérez Pérez, Chiapas, 20 de octubre de 2024. Sacerdote indígena, defensor de derechos humanos y crítico de cacicazgos locales. Fue emboscado; su homicidio marcó el cierre del sexenio de AMLO. Sin detenidos.

Tres casos más, documentados por diócesis de Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, completan la decena: sacerdotes atacados en sus templos, cuerpos hallados en caminos vecinales, investigaciones que se disolvieron entre ministerios públicos incompetentes y miedo institucional.

En ese mismo periodo, dos sacerdotes permanecen desaparecidos: uno en Michoacán desde 2020 y otro en Oaxaca desde 2021. Ambos casos fueron desactivados en carpetas judiciales bajo el pretexto de “falta de pruebas”. La Iglesia los sigue contando entre los suyos.

El arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum: dos crímenes en once meses

El nuevo sexenio no trajo calma. En menos de un año, dos sacerdotes católicos fueron asesinados y varios más amenazados o extorsionados.

Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de Guerrero, desapareció el 4 de octubre de 2025. Su cuerpo apareció dos días después en una barranca. La fiscalía estatal habló de “ajuste personal”, pero dentro de su parroquia se sabía que había denunciado extorsiones del grupo criminal que domina la región Tierra Caliente. Ningún detenido.

Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, sacerdote del Estado de México, desapareció el 27 de octubre de 2025 y fue hallado muerto el 12 de noviembre en Nextlalpan. Dos personas fueron arrestadas, presuntos ladrones de su vehículo. Hasta hoy, no se ha comprobado un móvil de fe, pero el patrón es idéntico: secuestro, robo, ejecución.

Los territorios del miedo

Los mapas eclesiásticos trazan con claridad los focos rojos donde vestir una sotana equivale a cargar una cruz de riesgo. Los lugares con focos rojos se enlistan a continuación:

Guerrero: Tierra Caliente y la sierra. Sacerdotes amenazados por los mismos cárteles que cobran “derecho de piso” a parroquias.

Chihuahua: el triángulo del cobre, Cerocahui, Urique, Guazapares; los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron ejecutados aquí.

Michoacán: zonas de Coalcomán, Apatzingán y Zamora; decenas de iglesias bajo extorsión permanente.

Estado de México y Morelos: asesinatos de Rubén Alcántara y José Guadalupe Popoca.

Chiapas: sacerdotes indígenas bajo amenaza por denunciar violencia comunitaria y trata.

Tamaulipas: corredor de Reynosa–Matamoros, donde José Martín Guzmán fue asesinado.

Ciudad de México: casos de extorsión y amenazas sin llegar al homicidio, pero documentados por congregaciones.

El denominador común son los territorios con presencia criminal, y el vacío del Estado que se genera con la colusión policial. En estos territorios, el narco sustituye al gobierno y los curas se vuelven las únicas voces de orden, y eso los condena.

Impunidad: el sello nacional

De los doce asesinatos (diez bajo AMLO, dos bajo Sheinbaum), solo uno —el de los jesuitas en Cerocahui— tiene un agresor abatido e identificado. De los once casos restantes siguen en completa impunidad sus perpetradores.

De los dos sacerdotes desaparecidos desde 2018, ninguno ha sido localizado. Las investigaciones se arrastran sin peritajes sólidos, sin líneas de investigación criminalmente claras. La Iglesia habla de un patrón de silencio institucional, de fiscalías que “prefieren cerrar carpetas antes que enfrentarse a los cárteles”.

El Estado mexicano no reconoce una política de protección específica para el clero. Ni una sola estrategia de seguridad federal contempla a sacerdotes como grupo vulnerable, pese a que México encabeza la lista de países latinoamericanos con más religiosos asesinados en los últimos treinta años.

Extorsión y control territorial: la otra guerra santa

Más de novecientos casos de amenazas y extorsiones fueron registrados por diócesis y organizaciones eclesiásticas entre 2018 y 2024. En zonas de Guerrero, Michoacán y Veracruz, los cárteles exigen “cuotas parroquiales” a cambio de no atentar contra templos ni feligreses.

Los curas que se niegan terminan asesinados o desaparecidos. En muchos pueblos, la misa se celebra con discreción y las campanas repican solo a media voz.

Entre la fe y el miedo

Los nombres repiten el mismo drama: Guzmán, Popoca, Rivas, Alcántara, Campos, Mora, Pérez, Pantaleón, Baltazar. Muertos por sostener una homilía en zonas donde el Evangelio incomoda más que una patrulla federal. De los desaparecidos, ni rastro. Solo cruces de madera clavadas junto a los caminos donde alguna vez caminaron con la Biblia bajo el brazo.

México se ha convertido en un país que crucifica a sus curas. La estadística se resume en una ecuación simple y brutal: doce sacerdotes asesinados y dos desaparecidos entre 2018 y 2025. Once crímenes sin castigo. Cinco estados convertidos en territorios hostiles para la fe.

La guerra entre cárteles no se detiene frente a uniformes ni sotanas. El crimen organizado y la corrupción política han hecho del sacerdocio una vocación de riesgo. Y mientras las autoridades se pierden en discursos de paz, los altares de las iglesias se llenan de veladoras para sus propios pastores caídos. Porque en este país, se tiene que pagar hasta rezar, si no puede costar la vida.

Con información de Los Ángeles Press.