CDMX. México enfrenta un panorama fiscal desafiante marcado por el crecimiento sostenido de la deuda pública, cuyo saldo se ha convertido en una carga estructural que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.

A pesar de los compromisos previos de consolidación fiscal, el Paquete Económico 2026 eleva la proyección del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) a 52.3% del producto interno bruto (PIB), lo que contradice los objetivos iniciales de reducir dicho indicador a 51.4% hacia el 2030.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aunque el indicador deuda/PIB es útil para medir la capacidad de una economía para hacer frente a sus pasivos, este no refleja en su totalidad la presión fiscal ni los efectos que dicha deuda genera sobre la población o sobre las posibilidades reales de pago.

En consecuencia, el documento propone una evaluación más integral, que contemple métricas como la deuda en proporción a los ingresos presupuestarios o la deuda per cápita.

El informe señala que, si bien el uso de deuda pública puede ser justificable en tiempos de crisis como herramienta contracíclica, el endeudamiento observado en México durante el periodo 2021–2026 ha superado incluso los niveles registrados durante la crisis sanitaria de 2020.

La razón no ha sido un shock externo, sino el crecimiento sostenido de las pensiones y la caída estructural en los ingresos petroleros, lo que ha elevado los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a niveles históricos. Para 2026, estos se ubicarán en 4.1% del PIB, el mismo nivel que se destinará al pago de intereses de la deuda, por encima del gasto en salud desde 2023 y del gasto en educación a partir de 2025.

La tendencia al endeudamiento no es reciente. Tras una etapa de contención entre 2003 y 2007, la crisis financiera de 2008-2009 marcó el inicio de un periodo de endeudamientos ininterrumpidos, que alcanzaron su punto más alto en el Paquete Económico 2024 con un 5.7% del PIB. A pesar de que el gobierno plantea reducir los RFSP a 3.5% en 2027 y a 3.0% en adelante, la postergación de la consolidación fiscal hasta 2028 plantea dudas sobre la viabilidad de esa meta.

Adicionalmente, el análisis destaca que la productividad laboral en el país ha disminuido, ubicándose por debajo de los niveles de 2005 y de la crisis de 2009. Esta situación implica que, en promedio, los trabajadores mexicanos producen menos que hace casi dos décadas, lo cual limita el crecimiento económico y reduce aún más la capacidad del Estado para financiar sus compromisos mediante mayores ingresos.

Entre los indicadores alternativos propuestos por el CIEP, destaca el de deuda como proporción de los ingresos presupuestarios, que alcanzaría el 232% en 2026, o el 347% si se consideran solo los ingresos tributarios. En términos prácticos, esto significa que serían necesarios más de dos años completos de recaudación o tres años y medio de ingresos por impuestos para liquidar el saldo actual de la deuda. En cuanto al endeudamiento por persona, se estima que en 2026 este ascenderá a 151 mil pesos, una cifra que representa 3.8 años de ingresos para las personas en el decil más bajo de la población.

A pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta una posible estabilización del SHRFSP en 52.3% del PIB, el CIEP advierte que este escenario es frágil y depende de variables que escapan al control gubernamental, como las tasas de interés, el tipo de cambio o la inflación.

Asimismo, el indicador deuda/PIB no toma en cuenta presiones futuras como el envejecimiento poblacional, el aumento en la demanda de servicios de salud o los desafíos de la transición energética.

El análisis concluye que no basta con observar un solo indicador para evaluar la sostenibilidad fiscal del país. Se requiere un enfoque multidimensional que considere tanto la evolución de la deuda como su impacto intergeneracional.

Para ello, el CIEP plantea la necesidad de una reforma fiscal integral y responsable, orientada no solo a garantizar la estabilidad macroeconómica, sino también a asegurar la equidad, la eficiencia del gasto y la protección del bienestar social. Sin cambios estructurales en el sistema fiscal, la deuda pública seguirá siendo, como señala el estudio, un “monstruo implacable” que limita el futuro financiero del país.

Con información de Más Información.