San Cristóbal de Las Casas, CHIAP. Entre enero de 2024 y junio de 2025 se registraron al menos 156 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas, incluidas 4 ejecuciones, de acuerdo con el informe más reciente de la red Espacio OSC.
Las cifras confirman un escenario alarmante para activistas, quienes operan en medio de amenazas, hostigamiento y violencia sistemática en una de las entidades más pobres y desiguales del país.
La información fue dada a conocer por el portal Infobae, que refirió que la intimidación, criminalización y ataques armados han colocado a Chiapas en el quinto lugar nacional en cuanto a número de defensores y periodistas bajo medidas de protección del Mecanismo federal, lo cual refleja el elevado nivel de riesgo que enfrentan.
Espacio OSC advirtió que la situación requiere con urgencia una política estatal y federal que priorice la protección de derechos humanos en coordinación con la sociedad civil.
Organizaciones como Espacio OSC y Protect Defenders EU denunciaron que la violencia no solo ha alcanzado a individuos, sino también a colectivos históricos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Dignificación Humana, ambos objeto de actos de vigilancia, hostigamiento y ataques directos. Uno de los casos más graves fue el allanamiento del domicilio de Dora Roblero, directora del Frayba, lo que dio pie a la documentación de al menos 46 agresiones adicionales desde el año pasado.
Pese a que el Frayba cuenta desde hace más de una década con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la escalada de amenazas no ha cesado. A ello se suma la detención del activista Luis García Villagrán el pasado 5 de agosto en Tapachula, mientras organizaba una caravana migrante. Aunque fue liberado tras demostrarse la falta de pruebas sobre delitos como crimen organizado y trata de personas, su caso reveló un patrón de estigmatización oficial que también afectó a otros defensores, como Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica.
Protect Defenders EU advirtió que los ataques contra el Frayba y el Centro de Dignificación Humana reflejan los riesgos extremos que enfrentan quienes defienden derechos fundamentales. Por su parte, Espacio OSC señaló que el Estado mexicano no ha dado cumplimiento a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), particularmente tras la sentencia por el asesinato de la defensora Digna Ochoa en 2021.
Desde 2016 hasta 2025 se han contabilizado 177 personas defensoras y 88 periodistas asesinados, además de 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones relacionadas con su labor, de las cuales 23 siguen sin resolverse.
En el caso de Chiapas, los riesgos se han materializado en eventos como la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez y los ataques contra integrantes del grupo Las Abejas de Acteal, donde se ha señalado la presunta participación tanto de grupos criminales como de fuerzas estatales.
A pesar de contar con protocolos institucionales, las cifras oficiales revelan un bajo nivel de respuesta: entre enero de 2023 y julio de 2025, el Mecanismo federal solo aprobó el 32% de las solicitudes de protección hechas por defensores y el 55% de las presentadas por periodistas, dejando a la mayoría sin respaldo. En ese mismo periodo se interpusieron 85 amparos y 44 recursos de inconformidad por fallas en dicho programa. Finalmente, Espacio OSC concluyó: “La impunidad persiste sobre los crímenes cometidos en perjuicio de las personas defensoras”, por lo que insistió en la necesidad de una política pública eficaz que garantice su seguridad y el fortalecimiento institucional del Estado mexicano.
Con información de Más Información.
