CDMX. Los amparos promovidos a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador corresponden a los llamados “amparos buscadores” o “rastreadores”, que –aunque fueron creados con otros fines– suelen utilizarse para conocer si existe algún procedimiento judicial iniciado contra una persona.
Al menos tres demandas de amparo fueron tramitadas en favor de Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán. De acuerdo con una publicación de Animal Político, los recursos se presentaron en Zacatecas, Tabasco y la Ciudad de México, sin la firma ni la ratificación de los supuestos beneficiarios.
La primera de estas demandas fue revelada por el periodista Claudio Ochoa Huerta y derivó en la suspensión de oficio dictada por la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, con el fin de impedir la ejecución de eventuales órdenes de aprehensión.
El amparo buscador es una figura jurídica especial que tiene como objetivo proteger la libertad personal frente a actos de autoridad que representen un riesgo de desaparición forzada, privación de la vida o ataques a la integridad. De acuerdo con la organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., este recurso se tramita de manera indirecta y encuentra su fundamento en el Artículo 15 de la Ley de Amparo.
La norma establece que cualquier persona puede promoverlo ante la sospecha de que una autoridad pudiera cometer actos que atenten contra la vida o la libertad. Una vez presentado, los jueces tienen la obligación de suspender “de oficio y de plano” el acto reclamado y ordenar medidas urgentes para localizar a la persona, en caso de que haya sido detenida por agentes estatales.
En teoría, este mecanismo se diseñó como una herramienta contra la desaparición forzada de personas. Por ello, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) elaboró una guía titulada ‘El amparo buscador: una herramienta contra la desaparición forzada de personas’, difundida entre familias de desaparecidos y autoridades judiciales, con el respaldo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
No obstante, en la práctica, el amparo buscador ha adquirido un uso distinto. Políticos y personajes con antecedentes criminales suelen recurrir a él para saber si existe algún procedimiento judicial en su contra, una orden de aprehensión o detención pendiente. La CNB ha advertido sobre la necesidad de diferenciar este recurso de la concepción que emplean penalistas, quienes lo utilizan para ubicar si hay órdenes de captura vigentes, identificar el juzgado que las emitió y suspender su ejecución.
En el caso de los amparos a favor de los hermanos López Beltrán, uno de los recursos fue promovido por un ciudadano identificado como Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, quien también habría presentado demandas a favor de Rafael Caro Quintero. Sin embargo, el propio abogado declaró más tarde que su identidad fue suplantada y rechazó haber tramitado los documentos.
Otro amparo fue gestionado por una persona identificada como Eribel Mejía Barrios.
Tras la revelación, Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena, negó que él o su hermano Gonzalo hubieran solicitado algún amparo. Mientras tanto, la existencia de los expedientes fue confirmada por el Órgano de Administración Judicial, antes Consejo de la Judicatura Federal.
El caso ha provocado reacciones encontradas: desde voces morenistas que calificaron la presentación de estos recursos como un nuevo golpeteo político, hasta opositores que demandaron investigar a fondo a los hijos del exmandatario. La polémica también abrió el debate sobre el uso de los amparos buscadores, cuya utilidad legal convive con su uso estratégico en escenarios de presión política y judicial.
Con información de Más Información.
