CDMX. La administración de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, enfrenta una realidad que se vuelve imposible de ocultar, la actividad de las células del crimen organizado protegido por las autoridades estatales.

El cobro de piso y la extorsión dejaron de ser rumores aislados para instalarse como una práctica cotidiana que asfixia al comercio, a la industria y a los pequeños empresarios en Tlaxcala.

Lo que antes se presumía como “uno de los estados más seguros del país” se ha convertido en un espejismo que ya nadie cree, las cifras bajas en inseguridad, se debe a la falta de denuncias por los afectados.

En entrevista con Grupo Imagen, Magdalena Luna López, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex Tlaxcala, aseguró que los empresarios están asediados por tres grupos del crimen organizado (Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico/Sinaloa y La Barredora) que han extendido sus redes por el territorio estatal.

Calpulalpan, San Pablo del Monte, Apizaco y la propia capital son hoy los epicentros del miedo donde comerciantes y empresarios pagan cuotas de extorsión que van de los 10 mil hasta 150 mil pesos.

La mayoría de las víctimas que pagan cifras altas son los dueños de unidades de transporte de carga que circulan por la entidad, quienes se niega a pagar enfrenta amenazas, ataques armados y hasta ráfagas de 200 balas contra negocios y casas.

“Estamos preocupados como empresarios, porque efectivamente ya nos llegó ese cobro de piso. Tenemos que pensar cómo proteger nuestros negocios, nuestras familias y a nosotros mismos. Algunos hemos tenido que cerrar y eso significa pérdida económica y de empleos”, dijo.

La situación se agrava por el silencio institucional

Los empresarios han buscado reunirse con la gobernadora Cuéllar Cisneros y con el secretario de Seguridad Pública, pero el diálogo es mínimo, hermético y burocrático.

En lugar de soluciones, reciben promesas huecas, mientras la inseguridad avanza y más negocios bajan la cortina.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad es abismal. El gobierno presume que Tlaxcala ocupa el cuarto lugar nacional con menor incidencia de extorsión, pero la cifra negra revela lo contrario: el 97 por ciento de los empresarios afirma haber sido víctima de este delito y la mayoría no denuncia, por miedo y porque no confían en las autoridades.

«La cifra negra dice que el 97 por ciento de los empresarios ha sufrido una extorsión, pero es una cifra negra, sobre todo, eso es el tema de inseguridad, que es lo que ha sentido. Ha aumentado bastante esa extorsión, pero nosotros también al no denunciar, al no tener la cultura de la denuncia. No existen esas cifras, no existen las estadísticas nacionales para la cuestión de la incidencia delictiva”, señaló.

Agregó que el impacto no solo es económico, “está en juego la viabilidad de la vida social en el estado. Un negocio que paga extorsión sobrevive apenas; uno que se niega desaparece”.

El problema de fondo es la impunidad. Quien denuncia se enfrenta a trámites interminables, sin protección ni resultados.

«No queremos denunciar, principalmente por temor por represalias, que el qué va a pasar y también algo muy importante, la justicia nos va a proteger, la seguridad pública nos va a proteger a nosotros como empresarios. Entonces, ese es el gran dilema”, afirmó.

La gobernadora Lorena Cuéllar parece más interesada en mantener el relato de Tlaxcala como “estado tranquilo” que en enfrentar a los grupos delincuenciales que ya se reparten el territorio.

Los datos son contundentes: 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025, un incremento de 83 por ciento en la última década. En un estado con 107 mil unidades económicas que emplean a más de 384 mil personas, el golpe es devastador.

Hoy Tlaxcala es el ejemplo de cómo la indolencia gubernamental alimenta al crimen. Si no se corrige el rumbo, el costo será mayor: más negocios cerrados, más familias en la incertidumbre y un tejido social quebrado por la violencia silenciosa de la extorsión.

Mientras los grupos delincuenciales cobran su “derecho de piso”, los tlaxcaltecas pagan con miedo, con pobreza y con vidas, esa es la marca de un gobierno que ha demostrado ser incapaz de garantizar seguridad.

Con información de Excélsior.