CDMX. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer los resultados de un análisis realizado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), en el que se documentaron pensiones consideradas como excesivas, otorgadas a extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
El reporte indicó que un total de 14 mil exfuncionarios reciben actualmente pagos por concepto de jubilación, algunos de ellos por montos mensuales de hasta un millón de pesos.
Según los datos presentados, 9 mil 457 de estos extrabajadores perciben pensiones que oscilan entre los 100 mil y un millón de pesos mensuales. De ese grupo, 3 mil 504 jubilados reciben una cantidad superior al sueldo neto mensual que actualmente percibe la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Buenrostro indicó que actualmente hay 14 mil extrabajadores que todavía reciben pensiones de Luz y Fuerza del Centro y en total de sus pensiones son 28 mil millones de pesos.
La funcionaria añadió que hay un exservidor púbico que recibe más de un millón de pesos de manera mensual. “Tenemos 33 personas que reciben de 700 a 999 mil pesos y así continúa la lista hasta conformar los 14 mil extrabajadores”, detalló.
El informe comparó dichas cifras con el promedio nacional de pensiones, que asciende a 7 mil 92.16 pesos mensuales. Las pensiones que otorgan el ISSSTE y el IMSS se encuentran en un rango de entre 6 mil 676 y 8 mil 400 pesos. En contraste, las prestaciones para extrabajadores de LyFC alcanzan hasta 140 veces más que el promedio nacional. Estas pensiones se han mantenido vigentes desde hace más de 16 años, incluso después de la liquidación oficial de la paraestatal.
En el caso de Pemex, la secretaria de Anticorrupción informó que existen 22 mil 316 jubilados registrados bajo el régimen de confianza, por quienes el gobierno desembolsa anualmente un total de 24 mil 844 millones de pesos. Se detalló que 544 personas jubiladas de Pemex reciben cantidades anuales superiores al ingreso total percibido por la presidenta de la República, lo que representa un gasto de mil 827 millones de pesos al año.
También se identificaron 618 casos en los que las pensiones superan el monto anual bruto asignado al Director General de Pemex. Asimismo, se reportaron otros mil 96 casos en los que el ingreso por pensión rebasa el tope máximo estipulado en el tabulador salarial vigente de la empresa productiva del Estado. Según el reporte, los pensionados de Pemex reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.
Ante esta situación, el Gobierno de México anunció una serie de medidas para revisar la legalidad y viabilidad de estas pensiones y planteó mecanismos para su regulación.
Raquel Buenrostro indicó que se establecerán mesas de trabajo con la coordinación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como con la participación de instituciones como el IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
Entre las acciones propuestas se encuentra la emisión de un Oficio Circular para normar los requisitos del pase de supervivencia de manera coordinada entre la Secretaría Anticorrupción y las dependencias encargadas de las jubilaciones. También se contempla la firma de convenios de colaboración con el Registro Nacional de Población (RENAPO) y los registros civiles estatales para facilitar el intercambio de información y evitar duplicidades o errores administrativos.
Adicionalmente, se proyecta la emisión de otro Oficio Circular para regular y homologar la integración de los expedientes de personas pensionadas dentro de la Administración Pública Federal. Estas medidas forman parte de un plan integral para revisar los criterios bajo los cuales fueron otorgadas las pensiones y analizar si existen elementos para modificarlas, cancelarlas o sujetarlas a nuevos lineamientos.
Las autoridades no detallaron plazos específicos para la implementación de estas medidas, pero señalaron que el objetivo es canalizar estos recursos a programas sociales y gubernamentales que beneficien directamente a la población.
Con información de Más Información.
