CDMX. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), cuyos más recientes resultados fueron presentados por el Inegi, cuenta con varios apartados; uno de ellos es el relativo a las personas en el que se reportan fundamentalmente condiciones laborales de la población de 12 años y más, que ha estado ocupada. Al respecto, es interesante observar que se reportan 64.086 millones de personas en actividades que les generaron algún ingreso. Debe recordarse, sin embargo, que el trabajo infantil legal en México tiene como edad mínima de admisión los 15 años.

En esa lógica es relevante destacar también que, de la suma total, 5 mil 81 millones de personas reportaron tener dos trabajos o más; esto equivale a prácticamente el 8% de la población que trabajó o realizó actividades que le proporcionaron ingreso. Hay 15 entidades de la República que rebasan ese promedio, siendo las que tienen los indicadores más altos: Oaxaca, con 22%; Guerrero, 19.1%; Campeche, 17.1%; Yucatán, 15.6%; Tabasco, 15.3%; Chiapas, 15.2%; Puebla, 11.7%; Michoacán, 10.9%; Veracruz, 10.8%; Nayarit, 10.4% e Hidalgo, 10.3 por ciento.

Ahora bien, según el Inegi, del total de las personas de 12 años y más que reportaron ocupación habría 50.26 millones que lo hacen en trabajos subordinados, es decir, tienen un empleador. De ese total, hay un registro de 2.78 millones que no recibieron ingresos por su trabajo, lo cual es indicativo de que son personas, en su mayoría niñas, niños y mujeres, que contribuyen a trabajos familiares productivos, pero no remunerados. Esa suma equivale al 5.5% del total nacional en esa circunstancia y hay 13 entidades que rebasan ese promedio, siendo las de peores indicadores: Guerrero, con 25.4% del total de las personas ocupadas, subordinadas; Oaxaca, 20.1%; Chiapas, 16.3%; Puebla, 9.4%; Campeche, 8.9% y Veracruz, 8.4%, y Michoacán y Nayarit, con 7.8% en cada uno de ellos.

Otro de los datos a destacar y que revelan la precariedad de los trabajos en México es el número de horas que labora a la semana el personal subordinado y remunerado en el país, pues, de acuerdo con el Inegi, el promedio es de 44 horas y 28 minutos por persona en el país, cuando lo estipulado por la Ley es un promedio de jornadas de 40 horas semanales.

Las entidades en las que se registran las jornadas más largas, según el Inegi son Estado de México, con un promedio de 47 horas y 2 minutos, por semana; Quintana Roo, con 46 horas y 31 minutos; Nuevo León, 45 horas y 51 minutos; Ciudad de México, 45 horas y 22 minutos, y Coahuila, con 45 horas y 15 minutos.

Por último, otro indicador que permite dimensionar todo el trecho que hace falta por recorrer para integrar al mercado laboral a un sistema integral de cuidados es el relativo a la “facilidad o dificultad” reportadas para conseguir ayuda en diferentes aspectos clave de la vida.

Por ejemplo, de los 108 millones de personas de 12 años y más que hay en el país, el 21.4% reportó que le sería imposible conseguir ayuda para realizar mejoras en su colonia o en su localidad; el 15.7% reporta que le sería imposible pedirle a alguien que le prestara la cantidad de dinero que gana su hogar en un mes; el 7.1% ve imposible que le den ayuda para conseguir un empleo, mientras que el 1.7 vería imposible conseguir ayuda para que le cuiden si se enferma o para cuidar a sus hijas e hijos en su hogar.

UN SOLO TRABAJO NO ALCANZA

El gráfico revela de manera contundente la fragilidad y precariedad estructural del mundo del trabajo en México. Que en estados como Oaxaca (22.2%), Guerrero (19.1%) o Campeche (17.1%) una proporción tan alta de personas de 12 años o más tenga dos o más empleos es un síntoma de que un solo trabajo no garantiza condiciones de vida dignas. Este fenómeno no puede interpretarse como señal de dinamismo laboral, sino como evidencia de subempleo, bajos salarios y ausencia de seguridad social. Desde la perspectiva del derecho al trabajo y la justicia social, la multiplicación de empleos se convierte en un mecanismo de sobrevivencia que refleja el incumplimiento del mandato constitucional de garantizar un salario suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las familias.

OTRA CARA INVISIBLE DE LA EXPLOTACIÓN

El gráfico muestra un rostro duro de la desigualdad estructural del mercado laboral mexicano: millones de personas subordinadas en su trabajo principal no reciben ningún pago por su fuerza de trabajo, lo cual contradice de manera flagrante el principio fundamental de la economía política clásica de que el salario es la remuneración mínima por la reproducción de la vida. Este fenómeno constituye una negación radical del “principio de la justa igualdad de oportunidades” y del “principio de la diferencia”, pues amplía la brecha de exclusión y coloca a grupos enteros de población en condiciones de vulnerabilidad absoluta: se desvaloriza el trabajo de comunidades rurales, mujeres y jóvenes, naturalizando su invisibilización y explotación. En suma, los datos revelan que en México el derecho al trabajo digno sigue siendo una promesa incumplida.

Con información de Excélsior.