Chihuahua, CHIH. Salvador Villa Domínguez, presidente municipal de Guerrero, fue denunciado por Violencia Política en Razón de Género (VPRG) ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) por su presunta responsabilidad en las agresiones físicas y verbales contra una gobernadora indígena.

Los hechos sucedieron desde el pasado 13 de octubre en la comunidad de Tomochi, del municipio mencionado, cuando Marcelina Gómez fue sorprendida por funcionarios municipales al intentar presidir la reunión de la comunidad indígena para renovar a su representante.

A través de gritos, estrujones y jaloneos le dijeron que no era nadie para intentar presidir la reunión e intentar imponer a Magdalena Banda como la nueva gobernadora indígena, a pesar que ella es chabochi.

Me sentí sola y desprotegida porque me gritaron y me dijeron que no era nada. No supimos porque me quitaron, pero creo que por política que traen entre ellos, porque yo soy Morena y ellos del PAN y del PRI”, sostuvo la denunciante.

Marcelina Gómez responsabilizó a Salvador Villa Domínguez, presidente municipal de Guerrero, como uno de los actores de la VPRG de la que fue objeto; pero también a Heriberto Domínguez Acosta, quien funge como presidente seccional de Tomochi.

La denuncia también va contra Sandra Leticia Montoya Rascón, regidora de asuntos indígenas, y se incluye a los funcionarios municipales Pilar Lozano Galindo y Alonso Domínguez Escárcega.

La denunciante precisó que la renovación del Gobierno de su comunidad, se hace a través del voto directo de los 150 integrantes –o de la mayoría presente- y a propuesta de ellos mismos, no como sucede en este caso que impusieron a Magdalena Banda, calificándola de usurpadora.

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Moreno, aseguró que esta violencia se da por el interés económico derivado de las reformas constitucionales por la cuales se permitirá que las comunidades indígenas accedan a un porcentaje del recurso municipal.

Es importante que dejemos un mensaje y un precedente; se le debe respetar a las comunidades que ahora van a administrar un 10 por ciento del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. Ahora de repente vemos a algunos presidentes municipales muy preocupados a ver quién es gobernador o gobernadora de una comunidad indígena”, concluyó.