Miami, Florida. En un nuevo operativo coordinado entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla de Autopistas de Florida y otras agencias federales y estatales, más de 100 trabajadores de la construcción fueron arrestados en una redada realizada cerca de la Universidad Estatal de Florida. La mitad de los 200 empleados que laboraban en la obra de una residencia estudiantil no regresaron a casa. La mayoría son inmigrantes latinoamericanos, principalmente de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Esta operación se suma a otras redadas recientes en obras de construcción, como las registradas días antes en Laredo, Texas, donde se detuvo a 31 personas, y en Wildwood, Florida, con 33 arrestos más. Las acciones migratorias están impactando directamente a un sector clave para la economía estadounidense, especialmente en medio de la actual crisis de vivienda.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), uno de cada cuatro trabajadores en la industria de la construcción es inmigrante, y el 31% son latinos. Estimaciones del Urban Institute sugieren que alrededor del 54% de estos trabajadores son indocumentados.
“El efecto inmediato de estas redadas es la retirada de mano de obra de los proyectos”, explicó Jorge González-Hermoso, investigador y coautor de un estudio sobre la fuerza laboral migrante en el sector. “Esto genera retrasos en las obras, aumento de costos y mayor presión sobre un mercado ya colapsado por la falta de oferta habitacional”.
La profesora de Economía de la Universidad de Michigan, Betsey Stevenson, advirtió que incluso los trabajadores con residencia legal podrían optar por no presentarse a sus labores por miedo a ser detenidos. “La actual administración detiene y deporta sin el debido proceso, lo que hace que muchos trabajadores deban ser extremadamente cuidadosos”.
La paralización de obras también podría agravar la crisis inmobiliaria en estados con alta dependencia de trabajadores inmigrantes, como California, Texas, Florida, Nevada, Nueva York, Maryland y Nueva Jersey. Según el Urban Institute, más del 42% de los trabajadores de la construcción están dedicados a la obra residencial, el sector más sensible a estos operativos.
Durante la administración Biden, un memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, había suspendido las redadas en centros laborales desde 2021. Sin embargo, la reactivación de estos operativos tras el retorno de Donald Trump a la presidencia marca un giro en la política migratoria, generando nuevas tensiones en el sector económico.
Michael Bellaman, presidente de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC), señaló que actualmente hay un déficit estimado de 439,000 trabajadores en la industria. “Esto subraya la necesidad crítica de una reforma migratoria. Los trabajadores nacidos en el extranjero necesitan certeza legal para continuar en sus puestos sin temor a represalias”, declaró.
Arturo Castellanos, del National Immigration Forum, criticó la falta de ajustes al sistema migratorio desde 1986. Recordó que los visados actuales, como el H-2B y el EB-3, son insuficientes para cubrir la demanda de personal en sectores como la construcción. “El cupo del H-2B, de solo 66,000 anuales, se agota rápidamente. Necesitamos una actualización que responda a la realidad demográfica y económica actual”, explicó.
Castellanos también enfatizó el rol fundamental que han jugado los inmigrantes en la reconstrucción tras desastres naturales, como los huracanes Helene y Milton en Florida. “¿Quién va a reconstruir cuando llegue el nuevo desastre?”, cuestionó.
Las recientes detenciones reflejan una creciente tensión entre las políticas de seguridad migratoria y la necesidad económica de mantener una fuerza laboral estable en sectores críticos. Mientras se esperan reformas, las redadas continúan enviando un mensaje claro: para miles de trabajadores, el empleo también puede representar el riesgo de la deportación.
Con información de Más Información.
