Guachochi, Chih. Al menos cinco comunidades ubicadas en la Sierra Tarahumara han desaparecido como producto de la violencia existente entre los grupos rivales del narcotráfico y contra los habitantes de esas localidades, confirmó “María”, quien realiza trabajos humanitarios y de apoyo social en la zona conocida como “Triángulo Dorado” desde hace varios años.
El área afectada se ubica principalmente en la zona sur del estado, concretamente en el municipio de Guadalupe y Calvo, que alberga al menos una decena de comunidades más que están en riesgo de desaparecer por este desplazamiento forzado.
“Más en la zona de los barrancos, sí han desaparecido comunidades. Hay comunidades casi solas. Hay algunas inhabitadas, podría hablar de al menos unas cinco y otras en riesgo de desaparecer. Donde había escuelas, ahorita no se mandan maestros ahí porque no se puede entrar y porque no hay niños. Son varias y más en las zonas de los barrancos. Te puedo decir al menos unas diez, es muy grave la situación”, confirmó “María”.
Cada localidad cuenta en promedio con cincuenta habitantes que generalmente se van a la zona urbana más cercana; en este caso, sería Baborigame o Guadalupe y Calvo y son de quienes se tiene registro.
Pero hay familias enteras que emigran forzosamente a otras partes o que no denuncian y de ellas no se tiene algún registro, por tanto, al menos unas mil personas se han visto obligadas a cambiar su residencia de forma obligada en durante este 2022.
De acuerdo a la organización “Alianza Sierra Madre”, se tiene un registro de 170 personas en situación de desplazamiento forzado solo en el municipio de Guadalupe y Calvo de 2017 a la fecha. El número podría ser mucho mayor porque hay familias que se mueven con sus propios recursos o sus propias redes de apoyo.
A esta cifra, deben sumarse quienes salen de sus comunidades en otros municipios en donde el crimen organizado se lanza ferozmente contra la población.
De hecho, “María” asegura que la violencia se ha incrementado de 2020 a la fecha; piensa que dos factores influyen: uno, el negocio de la droga ya no es rentable; y dos, la pandemia también afecto al narcotráfico por lo que quienes se dedican a ella, deben de buscar formas de subsistencia y es robándole las posesiones a quienes están en una situación vulnerable.
En el Informe para la Relatora Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente sobre el Estado de Chihuahua, que se dio a conocer en el encuentro con familias el 31 de agosto de 2022, se dio a conocer que entre 2012 y el presente año, se suscitaron 61 eventos de desplazamiento, donde al menos las víctimas son mil 703 personas, de las que cuales 648 son mujeres, 508 son hombres y 524 niñas y niños.
Para este conteo, se obtuvo información de Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, Derechos Humanos Integrales en Acción y la Parroquia de la Virgen de Guadalupe en la Diócesis de la Tarahumara.
José y su experiencia
“Nos metimos y al siguiente día nos cayeron a la comunidad; nos tenían rodeados, de hecho; eran como más de 40 o 50 sicarios, nos rodearon todo el rancho y empezar a atacar a balazos, fue todo el día; digamos que fue desde las 12:30 hasta las 5, 6, 7 de la tarde hasta que llegó el ejército y la policía ministerial”.
Es el recuerdo más vívido que “José” tiene desde que salió de la comunidad en que vivía en las entrañas de la Sierra Tarahumara y aunque fue más de siete años, parece como si hubiera sido ayer.
Todo inició cuando su hijo fue sustraído a un campamento para ser entrenado y trabajar para los grupos locales del crimen organizado. El joven, después de dos días de claustro, aceptó el empleo con tal de que lo dejaran salir. Se trasladó un tiempo a la capital pero cuando regresó a su comunidad, lo mataron.
Por si no fuera suficiente, un año después mataron a otro hijo de “José”.
También acudió a la capital y a Ciudad Juárez en búsqueda de justicia pero los criminales interpretaron esta salida como la búsqueda de meter un grupo rival que combatiera a los que ya estaban en la comunidad.
A pesar de las amenazas de muerte que llegaron hasta Chihuahua, “José” regresó aunque por otra brecha y caminando por diez horas en medio de la oscuridad de la noche. Y es cuando llegó el medio centenar de criminales que arrasó a fuego sus vehículos y la casa donde vivía, dejándole –además- un hijo mal herido.
“A nosotros nos sacaron y nos tuvimos que salir del rancho, ya hace ocho años…Nos salimos por amenazas, desde que mataron a mi cuñado; desde que lo secuestraron, empezaron las amenazas y llegaron mensajes a mi esposo y nos tuvimos que salir”, recuerda “María”, quien también vive en la capital en situación de desplazamiento forzado.
Desde hace casi diez años, no pueden pisar su propiedad porque no hay autoridad quiera acompañarlos y aunque los criminales no viven en su casa, sí se benefician de los frutos y los animales que dejó a su salida esta familia.
Y lo saben porque se ayudan con las imágenes satelitales que brinda la red aunque la autoridad no sabe qué pasa.
“Sí ha habido comunidades (desaparecidas); me ha tocado ver comunidades en diferentes partes de la sierra o en algunas otras partes. Antes eran comunidades grandes y ahorita están solas, me ha tocado ver, me consta, he andado en diferentes partes de la sierra…llegas a las comunidades y ves las casas muy solas. Yo he visto como ocho o diez comunidades”, señala “José”.
Modus Operandi
“María” afirma que es común experimentar, ver o saber de células con unos cinco integrantes portando armas de alto poder, ingresan a las casas y se llevan a un integrante de la familia, hombre en lo general.
Días después, encuentran el cadáver y las autoridades brillan por su ausencia o entorpecen el proceso de duelo.
“Me tocó una señora de Milpillas, el lugar donde era. Su hijo, un muchacho de alrededor de diecinueve años; llegan, lo sacan del último cuarto y ella dice que les decía que no se lo llevaran, que su hijo qué había hecho. Lo sacan, se lo llevan, va y pone la denuncia a la cabecera municipal; le dicen que tiene que llevar pruebas de lo que estaba diciendo. Luego cuando va con la gente de confianza, de ahí alrededor de su comunidad; les pide que le ayuden a buscar a su hijo y duraron creo que ocho días para encontrar el cuerpo, lo encontraron torturado. Le hablan a las autoridades que ya encontraron el cuerpo, vienen y le dicen que por qué no había avisado, porqué hace movimiento ella sola, que quién le dio autorización de andar buscando y de andar moviendo gente. Ella les dijo que era su hijo y que ella les había pedido ayuda y que no se la habían querido dar. Se llevan el cuerpo a la cabecera municipal, todavía batalló para que le regresaran el cuerpo de su hijo”_, recuerda.
De hecho, “María” deduce que al menos tres cuartas partes de las familias en desplazamiento forzado, tienen al menos un caso de desaparición u homicidio y asegura que de diez familias migrantes, nueve no cuentan con el padre o uno de los varones del grupo.
Generalmente desaparecen o matan a los hombres adultos pero en otras ocasiones, también acaban con los niños para evitar que años más tarde tomen represalias contra sus verdugos.
Si bien la entrada de los militares a últimas fechas ha calmado un poco la situación, el miedo aún permea en los habitantes de esas comunidades que han sufrido por años el látigo de la violencia producto del abandono histórico de las administraciones de los tres niveles.
De hecho, la entrevista vía telefónica tuvo que ser cortada cada tres minutos para evitar el rastreo de la misma pues en ocasiones anteriores, “María” ha sido amenazada si continúa “metiéndose donde no debe”.
La violencia: un monstruo de mil cabezas
Aunado a la violencia entre grupos criminales y contra la población, debe librarse otra batalla: la lejanía de las comunidades y la falta de acceso a servicios más básicos.
Guadalupe y Calvo está aproximadamente a doce horas de la capital del estado, en la zona sur y limitando con el estado de Sinaloa. Las comunidades afectadas están entre cinco y siete horas de la cabecera municipal, dado los caminos de terracería en mal estado.
En muchas de esas localidades, no hay señal televisiva -o no hay dinero para comprarla- mucho menos para contratar un servicio de internet o televisión satelital. El entretenimiento se basa en jugar baraja o al juego de la pelota –como el fútbol pero con bola de madera-. Cuando ya no es suficiente, se entretienen fabricando tesgüino, tomando y bailando, incluso, desde edades muy tempranas.
Para sus insumos, se valen de la siembra del maíz y frijol dentro de sus capacidades aunque el tránsito a empresas nacionales y trasnacionales entre esos caminos, está libre, exceptuando aquellos lugares que son estratégicos para los grupos delincuenciales.
En esos caminos, también se encuentran retenes ilegales conformados por más de cinco personas fuertemente armadas que tratan mal a los paseantes, les roban pertenencias y hasta los desaparecen. Por eso “María” no recomienda visitar la zona a menos que se tenga un contacto que conozca el lugar.
Incluso, refirió, es muy común ver gente armada en las calles ya sea para defensa personal o porque pertenecen a los grupos delincuenciales y justo en ese ambiente, donde crece la gran mayoría de los niños indígenas y no.
“Es hora de que el Gobierno negocie con el narco”
“María” no titubea en hacer un llamado a los grupos delincuenciales para que dejen las armas y para que el Gobierno -en todos sus niveles-, llegue a acuerdos con el crimen organizado (como cree que se hacía anteriormente) para que la violencia cese y una relativa paz, llegue a esas comunidades.
No duda en que el Gobierno aún tiene capacidad de respuesta e incluso reconoce el trabajo realizado para combatir la desnutrición, el rezago en salud y la urgencia en seguridad pero sabe que aún no es suficiente y deberán pasar varios años para regularizar la situación.
También tiene la esperanza en que el trabajo en conjunto de las asociaciones, la Iglesia y el Gobierno, rinda fruto para dar una óptima calidad de vida a quienes están en situación de desplazamiento forzado pues “no es la idea mantenerlos, sino ayudarles a buscar un lugar digno donde vivir y algún proyecto de vida sustentable donde puedan empezar a rehacer sus vidas y ellos solos empezar a trabajar y mantenerse por sí mismos”.
Incluso “María” pide a la sociedad en general no juzgar cuando se habla de un homicidio en aquella o cualquiera otra zona, pues enseguida se piensa que “por algo lo mataron”, siendo ésta la manera en que desde lo individual puede ayudarse a combatir la violencia y la discriminación más acentuada contra las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.
“José” y “María” piden a las autoridades voltear a ver la situación real y traten de ponerse en sus zapatos, pues luego de varios años y miles de desplazados, “el asunto va muy lento” tanto por estado como por la federación.
También piden no poner la falta de presupuesto para la atención a víctimas, como un pretexto para la inacción y aunque reconocen trabajo, aún falta y mucho.
“Siempre van cuando van a pedir voto (candidatos y candidatas), eso cada tres años ahí los tienes. Después van a llevar un kilo de Maseca, una despensita y con eso; ya los apoyamos y eso siempre pasa en la sierra sobre todo en esas comunidades que están más marginadas”.
Así, “María” y “José” forman parte de las mil 703 personas en situación de desplazamiento forzado de 2012 a agosto de este año, según el Informe para la Relatora Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente sobre el estado de Chihuahua, aunque la realidad es que podrían ser cientos más.
