Culiacán, SIN. La violencia desatada por la guerra interna del Cártel de Sinaloa ha cobrado la vida de 77 policías municipales desde septiembre de 2024, cuando se intensificó el conflicto entre las facciones de los Chapitos y los Mayos.
La cifra, confirmada por autoridades locales, incluye a siete mujeres policías y marca un punto crítico en la crisis de seguridad que azota a la entidad.
Según reporta El País, la última víctima fue César, un agente municipal de Culiacán de 31 años, desaparecido el 21 de enero y hallado sin vida el pasado jueves, con huellas de violencia y un narcomensaje, a unos metros del Congreso de Sinaloa. Su ejecución no ha sido atribuida a ningún grupo del crimen organizado, y hasta ahora las autoridades no han dado a conocer una línea clara de investigación. La Secretaría de Seguridad Pública del estado solo informó que brindó acompañamiento a la familia desde el primer momento.
A las 77 bajas municipales se suman 12 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, un marino y un agente federal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que eleva el impacto del conflicto a niveles inéditos.
En este contexto, la diputada local Paola Gárate calificó el asesinato de César como una afrenta directa a las instituciones, al haber sido abandonado su cuerpo a plena luz del día frente a uno de los poderes del Estado, sin que nadie lo impidiera.
La Policía Municipal de Culiacán ha sido la más golpeada por esta crisis.
Entre septiembre y octubre de 2024, las fuerzas federales desarmaron a sus agentes para someterlos a evaluaciones bajo estándares del Ejército. El Centro de Respuesta Inmediata, sistema de videovigilancia clave en la capital sinaloense, fue desactivado, y una veintena de agentes fue separada del cargo por presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque ninguno fue consignado ante la Fiscalía General.
Durante esa intervención, policías locales denunciaron maltrato y falta de viáticos tras ser llevados a instalaciones militares. Aunque hubo intentos de protesta y paro laboral, estos fueron frenados por las mismas tensiones internas. La corporación regresó a las calles en octubre, pero con funciones limitadas. Su participación quedó reducida al centro urbano de Culiacán, excluyéndolos de operativos en zonas rurales o de alto riesgo, no por seguridad, sino por desconfianza institucional.
Como resultado de asesinatos, renuncias y despidos, el cuerpo policial municipal pasó de tener 1,500 agentes a solo 1,000. En respuesta, las autoridades lanzaron una campaña de reclutamiento de 400 nuevos elementos que serán formados con disciplina militar en la Universidad del Policía. Contarán con una beca estatal, un sueldo inicial de 18,000 pesos mensuales y un seguro de vida al integrarse a la fuerza.
Mientras tanto, el saldo de esta guerra interna mantiene en crisis al sistema de seguridad local, atrapado entre el poder del crimen organizado y el debilitamiento institucional.
Con información de Más Información.

