Chihuahua, Chih. Entre diciembre del año pasado y lo que va de este mes, la violencia agudizada en la Sierra Tarahumara provocó el desplazamiento de 150 personas en la localidad de Baborigame.
Esta comunidad se encuentra en el municipio de Guadalupe y Calvo que ocupa el deshonroso primer lugar respecto a la incidencia de desplazamiento forzado por lo que se realizan visitas constantes por parte de organizaciones de la sociedad civil con el objeto de brindar ayuda humanitaria.
En 45 días, alrededor de 150 personas se vieron obligadas a dejar sus respectivas viviendas en la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, dado el clima de violencia que permea en la región, dio a conocer el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM.
El clima de inseguridad se ha recrudecido por la incidencia de delitos como la tala clandestina y la presencia de grupos criminales armados en aquella región de la Sierra Tarahumara, que su vez hacen de Guadalupe y Calvo el municipio con mayor cantidad de personas desplazadas, registrando unas 572, según las cifras de la Fiscalía General del Estado.
Estos datos se registraron entre 2015 y mayo del año pasado.
El Gobierno Federal contabiliza casi 3 mil víctimas de desplazamiento forzado entre 1970 y 2020.
Según CEDHEM, el pasado 7 de junio unas 60 personas se vieron obligadas a dejar la comunidad La Sierrita, que se sustenta principalmente con el autoconsumo, tenían ganado, chivas, gallinas, mulas y sobre todo tenían plantíos de vegetales como tomate y calabacitas, maíz, frijol, chícharo y trigo.
Por tanto, organizaciones como Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Colectivo de Prácticas Psicosociales (COPPSAC), Servicios Para la Paz (SERAPAZ), Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Parroquia de Baborigame, han realizado visitas constantes entre agosto del año pasado y los primeros días de este 2024, a fin de brindar ayuda humanitaria y prevenir el desplazamiento forzado de familias y comunidades Ódames.
CEDHEM puntualiza que las familias y comunidades que viven en esa zona tienen derecho a vivir en paz y con tranquilidad, por lo que piden a las autoridades de todos los niveles, atender a quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado, pues al dejar sus hogares y trasladarse a las ciudades las condiciones en las que viven no son favorables para su calidad de vida.
Apenas el pasado 11 de diciembre, CEDHEM presentó un amparo en el que solicita se brinde de forma inmediata un alojamiento emergente digno, seguro y con enfoque de pertinencia cultural, contemplando un espacio autónomo, suficiente, dormitorios, baños, condiciones de higiene óptimas, servicios básicos e instalaciones que permitan el desarrollo de actividades recreativas.
Además, se solicitó que brinden atenciones a las víctimas en cuanto a la alimentación, vestido, abrigo, calzado, educación con enfoque étnico, atención médica digna, respaldo psicológico y jurídico, así como apoyo para obtener una fuente de ingresos.
