La Paz, BCS. Un reciente estudio de ADN realizado por Oceana revela que en Baja California Sur se comercializan al menos cinco especies de pescados con riesgo de extinción, según la Lista Roja de la UICN.

Las especies, detectadas en restaurantes locales, incluyen al mero gigante en Peligro Crítico y la baya en Peligro. El estudio detalla las categorías de la Lista Roja y destaca la disminución preocupante de poblaciones, como en el caso de la baqueta y la raya látigo, clasificadas como Vulnerables. La información fue publicada por la agencia Animal Político.

Este análisis subraya la falta de control en la reproducción del mero gigante, contribuyendo a su escasez. Además, la sustitución de especies como la baya dificulta la protección, ya que no está amparada por regulaciones mexicanas específicas.

La ciudad de Los Cabos enfrenta un alarmante 60% de sustitución de especies, situándose como la segunda ciudad a nivel nacional con mayor engaño en la venta de productos marinos. Este hallazgo resalta la urgencia de abordar el problema de la sustitución en el país.

Oceana advierte que la falta de una Norma Oficial Mexicana para rastrear productos marinos facilita la entrada a la pesca ilegal. La sustitución, al no informar a los consumidores sobre la especie real, dificulta la toma de decisiones responsables y alimenta la ilegalidad en la cadena de suministro.

Además, el estudio evidencia prácticas engañosas en la comercialización, como la venta de tilapia como huachinango, a precios inflados. Esto no solo afecta a los consumidores, sino que también representa un riesgo para la biodiversidad marina y las comunidades pesqueras.

La urgencia de aprobar la Norma Oficial de Trazabilidad se destaca en el informe como una medida esencial para garantizar prácticas sostenibles. La falta de transparencia en la cadena de valor representa un riesgo continuo para la salud de los mares y la equidad en la pesca.

A nivel nacional, el promedio de sustitución de especies en productos marinos es del 42%. Ciudad Obregón, Sonora, lidera con un 69% de sustitución. El estudio subraya la necesidad de medidas regulatorias, como la Norma Oficial de Trazabilidad, para evitar la práctica generalizada de sustitución y sus consecuencias negativas.

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