CDMX. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, al menos 35 niñas menores de diez años fueron asesinadas en México por integrantes de su propia familia. La periodista y activista Frida Guerrera, quien desde hace años documenta la violencia contra mujeres, niñas y niños, asegura que, si se suman los casos de menores de hasta 17 años víctimas de violencia intrafamiliar, la cifra se eleva a cerca de 80 asesinatos en solo siete meses.

En entrevista retomada por Infobae México, Guerrera señala que estos crímenes no solo ocurren dentro del hogar, sino que muchas veces son cometidos por adolescentes cercanos a la víctima. “Lo grave es que la mayoría de los asesinos son adolescentes”, afirma. Estos jóvenes reciben condenas reducidas y, en muchos casos, tras cumplir un máximo de cinco años de internamiento, recuperan su libertad sin haber pasado por un proceso de rehabilitación efectivo.

Para la activista, esta situación revela un vacío en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece medidas de internamiento diferenciadas para menores de edad, incluso en casos de delitos graves. Guerrera propone que, cuando se trate de homicidios o feminicidios de niñas y niños, el agresor adolescente sea juzgado como adulto para evitar que la pena resulte desproporcionadamente baja frente a la gravedad del acto.

Además de señalar la deficiencia en el sistema judicial, Guerrera cuestiona la actuación de instituciones como el DIF, las procuradurías de protección y las secretarías de las mujeres. Asegura que, en múltiples casos, las autoridades tienen conocimiento previo de la violencia que enfrentan los menores, pero no actúan hasta que el desenlace es fatal. “Las secretarías de las mujeres no están haciendo absolutamente nada. No tienen programas reales y no dan seguimiento a los casos que incluso yo misma les he llevado”, denuncia.

La activista explica que esta falta de prevención y de seguimiento institucional no solo perpetúa el riesgo, sino que alimenta un ciclo de impunidad que permite que los agresores sigan atacando. Según sus registros, entidades como el Estado de México concentran un número alarmante de casos, sin que exista una respuesta contundente. “Se ha normalizado la violencia contra la infancia y eso manda el mensaje de que la vida de niñas y niños no importa”, advierte.

Guerrera también apunta a un problema social más amplio: la indiferencia ciudadana. “Guardar silencio ante la violencia contra la infancia nos convierte en cómplices por omisión”, afirma, al tiempo que llama a la sociedad a denunciar, exigir justicia y no minimizar señales de maltrato.

En su labor como documentadora de feminicidios y homicidios infantiles, Guerrera ha detectado un patrón inquietante: las familias y comunidades suelen conocer la situación de violencia antes de que ocurra un asesinato, pero prevalece el miedo, la costumbre o la creencia de que “es un asunto privado” que no debe denunciarse. Para la periodista, romper con esa cultura del silencio es clave para prevenir más muertes.

Su trabajo, que ha incluido acompañar a familias, registrar casos en medios y presionar a las autoridades, ha enfrentado resistencia institucional y amenazas. Aun así, sostiene que visibilizar cada caso es fundamental para evitar que se pierda en la estadística y el olvido.

Con información de Más Información.