Chihuahua, Chih. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se congregaron afuera del Congreso del Estado para manifestar su respaldo a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para eliminar los criterios de priorización que operan en la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos.
Silvia Méndez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, destacó esta reforma porque actualmente hay una gran obstaculización para dar justicia a las familias que buscan a sus personas desaparecidas.
“Estos criterios eliminan toda la posibilidad de que sus casos sean investigados”, dijo la activista mientras recordó el “calvario” que se presenta en la dependencia estatal cuando llegan los casos para su investigación siendo la falla principal dentro de las instituciones.
Abundó en que aparte de las reformas necesarias urge la voluntad política de las autoridades pues una va acompañada de otra. Descartó que el género de la gobernadora no ha dado beneficios para la búsqueda de mujeres desaparecidas aunque resaltó que cualquier servidor público debe estar haciendo lo propio para brindar una mejor ciudad.
“No estamos satisfechos con las investigaciones que se están haciendo”, expresó.
Los casos de violaciones a DDHH en Chihuahua
Desde enero de 2010 hasta noviembre de 2022, se encuentran abiertas mil 745 carpetas de investigación por delito de tortura en el Estado y en número del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay 3 mil 511 personas desaparecidas en Chihuahua y 111 mil 968 a nivel nacional.
En 2017 se creó la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y desde 2019 se estableció que actuaría bajo un enfoque de priorización de casos, es decir, a petición de las víctimas se recibirían carpetas de tortura y desaparición y las sometería a un test de priorización a partir del cual se determinaría el ejercicio o no de la atracción de la carpeta.
Los elementos que son tomados a consideración por la Fiscalía Especializada para la atracción de casos son contrarios a las Leyes Generales en materia de tortura y desaparición forzada y por particulares. Sus indicadores son subjetivos y discrecionales por lo que su actuación va contra el enfoque diferencial y de derechos humanos.
“La eliminación de estos criterios de priorización es una deuda que el estado de Chihuahua tiene con los cientos de personas desaparecidas y víctimas de tortura”¸ citaron las organizaciones en su comunicado.
