Chihuahua, CHIH. El próximo fin de semana se realizará en la ciudad de Chihuahua el Encuentro Estatal de Personas Desplazadas 2025, en el que decenas de familias víctimas de este delito se reunirán para visibilizar la problemática y exigir a las instituciones públicas que cumplan con su deber de reconocer, garantizar y restituir sus derechos humanos.

Durante tres días, las familias participantes compartirán su experiencia y hablarán de las circunstancias en las que se vieron obligadas a abandonar sus comunidades, sus hogares, sus tierras de cultivo y sus patrimonios, así como las condiciones en que viven actualmente y la respuesta que han tenido por parte de las y los gobernantes.

Las actividades públicas se realizarán en la Plaza Hidalgo, el sábado 3 y domingo 4 de mayo, entre las que se encuentran mesas de trabajo, reunión plenaria, una marcha por la justicia y una rueda de prensa. Se contará con la presencia de familias desplazadas de los municipios de Uruachi, Guazapares, Guadalupe y Calvo y Balleza, del estado de Chihuahua, así como de Guanaceví, Durango. Estas comunidades, cuentan con el acompañamiento de las organizaciones civiles: Uno de Siete Migrando, Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Este ejercicio de memoria y reflexión se encamina a visibilizar la problemática y a sensibilizar a la población, a medios de comunicación y a los gobiernos sobre las graves violaciones a los derechos humanos que implica el desplazamiento forzado, así como a discutir las posibilidades de un futuro más digno, más humano y con acceso a la justicia.

El Desplazamiento Forzado Interno (DFI) sucede cuando personas o grupos de personas tienen que abandonar su hogar o lugar donde viven, pero permanecen dentro de su país. Esto ocurre principalmente debido a conflictos armados, violencia, violaciones de derechos humanos o desastres naturales.

En el caso de Chihuahua, la mayoría de las personas afectadas por este crimen son indígenas que se enfrentan a severos riesgos al escapar de sus comunidades, enclavadas en la Sierra Tarahumara, así como al denunciar, pues muchas de estas personas son perseguidas y agredidas por criminales, e incluso han perdido seres queridos víctimas de asesinato o desaparición.

El desplazamiento forzado es involuntario y no planificado, y suele estar acompañado de graves violaciones de derechos humanos y delitos. En Chihuahua las comunidades son desplazadas por el crimen organizado, por resistirse al despojo de sus territorios y por la imposición de megaproyectos extractivistas.

Las víctimas de desplazamiento enfrentan graves dificultades para acceder a una vivienda, alimentarse, obtener trabajo, educación o servicios de salud; además, deben lidiar con la angustia de la pérdida de todos sus bienes, su forma de vida y lazos comunitarios.

Es importante mencionar, con motivo de la celebración de este 30 de abril, que las niñas, niños y adolescentes son unos de los más afectados y vulnerables en el tema del desplazamiento forzado, sin que haya hasta el momento una legislación específica que les proteja de las graves violaciones a sus derechos que sufren al ser víctimas de este delito.