CDMX. La presencia del software espía Pegasus volvió a ocupar el centro del debate público en México durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.
En medio de un juicio en Israel que involucra acusaciones de sobornos multimillonarios relacionados con la adquisición del malware, la mandataria fue cuestionada por el posible uso de tecnologías de vigilancia en su administración. Los señalamientos se suman a la discusión legislativa sobre el nuevo paquete de reformas en materia de seguridad, al que diversas organizaciones civiles han calificado como “Ley Espía”.
El juicio en Israel ha reavivado las sospechas sobre la utilización del programa durante los sexenios anteriores.
De acuerdo con información publicada por el diario israelí The Marker, empresarios ligados al conglomerado KBH, distribuidores de Pegasus, habrían pagado 25 millones de dólares en sobornos para obtener contratos públicos en México, incluyendo el que permitió la introducción del malware durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher señalaron directamente al exmandatario priista, a quien acusaron de haber dado instrucciones para intervenir comunicaciones privadas. Peña Nieto ha negado los hechos.
Frente a estas revelaciones, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum generó cuestionamientos. Al ser consultada durante su conferencia matutina, calificó la información como sorprendente y expresó: “Estuvo medio tremendo, ¿no?”, al tiempo que validó que Peña Nieto hubiera desmentido las acusaciones.
Diversas organizaciones de derechos humanos interpretaron sus declaraciones como una señal de que no se emprenderán acciones para investigar las responsabilidades. Este lunes, Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC solicitaron a la Fiscalía General de la República una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre los presuntos sobornos en la compra de Pegasus.
Estas organizaciones también exigieron plena rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en la adquisición de tecnologías de vigilancia y garantías de no repetición. Según los colectivos, las nuevas reformas impulsadas por Sheinbaum carecen de controles suficientes para evitar que se repitan abusos como los documentados en el pasado. La referencia a Pegasus se ha hecho recurrente en el debate legislativo, en particular porque las nuevas leyes otorgarían mayores facultades de investigación a las agencias de seguridad.
El uso del software se remonta a finales del sexenio de Felipe Calderón y se profundizó durante el mandato de Peña Nieto. Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró que no se utilizaría más, documentos judiciales en Estados Unidos revelaron que al menos 456 personas fueron espiadas en México entre abril y mayo de 2019. En 2022, el Ejército firmó un contrato con Comercializadora Antsua, empresa con derechos exclusivos para distribuir Pegasus, lo que contradijo las declaraciones oficiales del gobierno lopezobradorista.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, afirmó que no hay intención de llegar hasta las últimas consecuencias ni por la corrupción y el mal uso de Pegasus en el Gobierno de Peña Nieto, ni por el mal uso de este software en el Gobierno de López Obrador, a pesar de que hay evidencia contundente sobre las infecciones de dispositivos en agravio de periodistas y defensores en el sexenio pasado. Según el activista, las investigaciones judiciales han sido insuficientes, y los jueces han desestimado las pruebas presentadas por la Fiscalía, exculpando a los funcionarios señalados.
Ana Gaitán, integrante de R3D, indicó que en México las tecnologías de vigilancia han sido empleadas para censurar y perseguir a personas que denuncian actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades corruptas, lo que ha ocurrido durante las últimas cuatro administraciones. Añadió que los mecanismos de control judicial establecidos no han sido efectivos y que no existen salvaguardas suficientes para evitar nuevos abusos.
Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum ha defendido su paquete de reformas, aludiendo a que toda intervención de comunicaciones o geolocalización requerirá de autorización judicial, conforme a la Constitución. Los colectivos consideran esta garantía como insuficiente, dado que en el pasado fue violada sin consecuencias para los responsables. Entre las herramientas contempladas por las reformas se encuentran la Plataforma Central de Inteligencia, la interconexión de bases de datos de registros públicos y privados, y la incorporación de datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para Maldonado, el problema radica en que nada de eso ha merecido una respuesta del Estado mexicano en su conjunto, lo que genera desconfianza respecto al uso de las nuevas facultades. Gaitán sostuvo que el paquete de reformas continúa una política que aprovecha la crisis de inseguridad para justificar medidas autoritarias. “En las leyes no se establecieron salvaguardas adecuadas de control judicial, supervisión independiente, transparencia. Es el sueño de cualquier Estado autoritario”, declaró.
A pesar de los antecedentes, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz, no ha logrado avanzar de manera significativa en las investigaciones sobre Pegasus. El argumento de la dependencia ha sido que no existe justificación para su adquisición ni evidencia de que se haya utilizado con fines legítimos de seguridad. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse, mientras el país discute un nuevo marco legal que, según sus críticos, podría facilitar una repetición de los mismos abusos.
Con información de Más Información.
