CDMX. La Fiscalía General de la República (FGR) denunció ante el Poder Judicial el desvío de 1,350 millones de pesos del patrimonio de la Beneficencia Pública por medio de la compra de certificados bursátiles sin valor, replicando un esquema que ha sido señalado como una estafa Ponzi y que ha afectado a otras instituciones públicas federales y estatales, como Segalmex.

Este fraude, ocurrido en 2022, implicó la inversión de recursos públicos en papeles financieros sin respaldo y fue orquestado por una red integrada por empresarios, casas de bolsa, bancos, funcionarios públicos y empresas fachada.

La Beneficencia Pública, institución con más de 150 años de historia y actualmente bajo la supervisión de la Secretaría de Salud, realizó dos operaciones de compra de bonos en 2022. La primera fue en mayo, por un monto de 1,000 millones de pesos, y la segunda en julio, por 350 millones de pesos. Ambas compras fueron autorizadas por Execatl Gutiérrez Ramírez, entonces director de Administración y Finanzas del organismo. La FGR presentó denuncias contra los responsables del fraude, excepto contra Gutiérrez Ramírez, quien permaneció en su cargo hasta mediados de 2023.

El esquema de desvío consistía en la creación de un fideicomiso vacío por parte de una empresa fachada en alianza con una casa de bolsa o banco. Este fideicomiso, denominado “fideicomiso emisor”, era estructurado a la medida de las inversiones buscadas. Posteriormente, la casa de bolsa colocaba los certificados bursátiles, ya acordados con el funcionario público que autorizaría la compra con recursos institucionales. A este funcionario se le prometía una comisión, además de altos rendimientos entre 11% y 13%, por encima del promedio del mercado financiero. El modelo se sostiene en captar nuevos inversionistas, principalmente dependencias públicas, para cubrir los compromisos previos, una mecánica típica de las estafas Ponzi.

De acuerdo con el expediente de la FGR, el 12 de mayo de 2022 la empresa Hotelería Korbach, S.A. de C.V., propiedad de Roberto Guzmán, en conjunto con la casa de bolsa Bursamétrica, constituyó el fideicomiso de emisión número 1051. Cinco días después, el 17 de mayo, esta sociedad ordenó a Bursamétrica emitir y colocar certificados bursátiles por 1,000 millones de pesos. Ese mismo día, la Beneficencia Pública realizó la compra total de dicha emisión, por instrucciones de Execatl Gutiérrez.

La segunda operación se llevó a cabo el 28 de julio del mismo año, cuando Korbach, representada por Mauricio Martín del Campo Barrón, y Bursamétrica constituyeron el fideicomiso número 1054. El 29 de julio, Korbach ordenó la emisión de certificados por 350 millones de pesos, que nuevamente fueron adquiridos en su totalidad por la Beneficencia Pública.

Una fuente de la Secretaría de Salud declaró que los desvíos ocurrieron en la pasada administración y que la investigación se inició durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Añadió que es un proceso que ya estaba en marcha cuando llegó el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El expediente de la FGR también menciona una tercera operación de compra de bonos en abril y mayo de 2022, que afectó a personas físicas. En esta ocasión, la empresa involucrada fue Posiciones Estratégicas en Carteras, S.A.P.I. de C.V., también relacionada con Roberto Guzmán, y representada por Jorge Olavarrieta Peña. Esta maniobra ocasionó un fraude por 115 millones de pesos a 27 clientes.

La FGR denunció a Roberto Guzmán, sus empresas, sus representantes legales, la casa de bolsa Bursamétrica y sus vocales. También incluyó al abogado Roberto Olea, quien sirvió de enlace con René Dávila, otro de los responsables identificados en el esquema. El delito que se les imputa es la captación de recursos sin autorización oficial, tipificado en la Ley de Instituciones de Crédito. Según la Fiscalía, los denunciados carecían de facultades legales para llevar a cabo la colocación de certificados bursátiles.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el Estado ha exigido la reparación del daño y ha logrado recuperar alrededor de 700 millones de pesos del total invertido por la Beneficencia Pública. No obstante, la ley prohíbe expresamente a las dependencias públicas invertir en instrumentos financieros de riesgo, permitiendo únicamente operaciones con valores emitidos por el Gobierno federal.

La operación fraudulenta es similar a la ocurrida en Segalmex, donde René Gavira, exdirector de Finanzas, fue encarcelado por autorizar la inversión de 950 millones de pesos en bonos basura. En ese caso también estuvieron implicados René Dávila y tres bancos. Aunque los recursos fueron recuperados por gestiones del gobierno de López Obrador, se trató igualmente de una inversión pública considerada ilegal.

A pesar de las denuncias, ni Roberto Guzmán ni René Dávila han recibido sentencia. Ambos han comparecido ante las autoridades judiciales y continúan en libertad. La FGR ha documentado que poseen una considerable fortuna inmobiliaria, especialmente en el sureste del país, y han realizado movimientos financieros de gran escala tanto en México como en el extranjero.

El modelo fraudulento ha sido rastreado por la Fiscalía hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque la administración anterior investigó y denunció varios casos, el esquema sigue operativo y ha logrado infiltrar múltiples niveles del aparato público mexicano.

Con información de Más Información.