CDMX. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha activado por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, debido a la gravedad de la situación en México. Este mecanismo podría llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU si el Estado mexicano no toma medidas contundentes en los próximos cinco meses.
La ONU ha señalado que las desapariciones en México presentan un patrón sistemático y generalizado, con más de 127,000 personas no localizadas, más de 5,600 fosas clandestinas y una crisis forense con 72,000 cuerpos sin identificar.
En respuesta, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha rechazado categóricamente las afirmaciones de la ONU, argumentando que en México «no hay desaparición forzada desde el Estado» y atribuyendo el fenómeno a la delincuencia organizada.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda han expresado su preocupación por la postura del gobierno, señalando que la negación de la crisis impide reconocer las fallas sistémicas del Estado mexicano y solicitan cooperación internacional urgente.
El Comité de la ONU ha establecido un plazo hasta octubre para que México implemente acciones efectivas. De no hacerlo, el caso podría ser llevado ante la Asamblea General de la ONU, lo que representaría un precedente histórico en la rendición de cuentas internacional por desapariciones forzadas.
La comunidad internacional y las familias de las víctimas esperan que el Estado mexicano tome medidas concretas para abordar esta crisis humanitaria y garantizar justicia para los desaparecidos.
Este escenario crítico es, en gran medida, la consecuencia de la política de inacción y permisividad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno optó por estrategias como la liberación de detenidos, el impulso de una ley de amnistía sin depuración de casos y la consigna de «abrazos, no balazos» frente a los grupos criminales. Esta política no solo dejó sin respuesta a miles de familias, sino que facilitó el empoderamiento del crimen organizado.
A ello se suman los señalamientos recientes en tribunales y audiencias de Estados Unidos, donde se han mencionado posibles vínculos entre altos funcionarios del sexenio de López Obrador y organizaciones criminales, lo que abre la puerta a una responsabilidad penal internacional por omisión deliberada y complicidad institucional.
La omisión, en este caso, no solo fue una estrategia política: fue un abandono sistemático del deber constitucional de proteger la vida, la seguridad y la dignidad humana en México.
