CDMX. En lo que va del año 2025 se han documentado múltiples casos de censura contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación que emitieron críticas o cuestionamientos hacia actores políticos del partido Morena, incluyendo a personas candidatas a distintos cargos. En varios de estos incidentes, se utilizaron figuras jurídicas como la “violencia política de género” para sustentar sanciones, eliminar publicaciones o requerir disculpas públicas.
Uno de los casos más visibles fue el del periodista Héctor de Mauleón, quien el 1 de mayo publicó en El Universal una columna titulada “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”. En ella, vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial en dicho estado, con una supuesta red de huachicol. La funcionaria presentó una denuncia por violencia política de género, y el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó retirar el artículo y que el autor ofreciera una disculpa pública.
En Veracruz, el periodista Ángel Camarillo fue sancionado por una investigación sobre presunto nepotismo entre funcionarios y candidatos. El 17 de mayo, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la nota debía ser eliminada. También se le impuso una multa y se le obligó a emitir disculpas.
En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por delitos relacionados con “incitación al odio y violencia” tras críticas dirigidas a la gobernadora Layda Sansores. En un inicio, se le prohibió ejercer el periodismo durante dos años y se ordenó suspender su medio Tribuna. Posteriormente, la medida fue modificada, permitiéndole continuar sus actividades bajo revisión judicial previa de sus publicaciones y con la prohibición de emitir declaraciones sobre Sansores.
En el mismo estado, periodistas del medio La Barra Noticias –Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali– fueron obligados por el Tribunal Electoral local a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora, debido a expresiones emitidas durante una transmisión en redes sociales. En un video, declararon: “Porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
En Puebla, la periodista Rubí Soriano fue objeto de una queja presentada por la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez. La legisladora alegó violencia política en razón de género a partir de publicaciones en la red social X. La sanción impuesta consistió en la eliminación de las publicaciones.
En Guerrero, los periodistas Jesús Guerrero Salgado, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena, del medio El Tlacolol, enfrentaron denuncias ante el Instituto Nacional Electoral por supuesta “inducción al voto” y “violencia política en razón de género”, luego de publicar un texto sobre el proceso de selección de candidatos en la elección judicial. El medio denunció que las acusaciones carecen de fundamento.
También se han presentado casos de censura dirigidos a ciudadanos. En septiembre de 2024, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, denunció al abogado Carlos Velázquez de León tras un incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México. El Tribunal resolvió que debía emitir una disculpa pública desde la sede del Senado, la cual fue transmitida en redes oficiales.
Karla Estrella fue sancionada por un mensaje publicado en febrero de 2024, donde cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras. El Tribunal Electoral le impuso una multa, su inscripción por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, la emisión diaria de disculpas públicas durante 30 días, y la asistencia obligatoria a cursos. “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia”, fue la frase que debió publicar cada día a partir del 12 de julio.
En julio de 2024, la actriz Laisha Wilkins escribió “jaja Dora la Censuradora jaja” en reacción a un titular de Aristegui Noticias sobre la excandidata a ministra de la SCJN, Dora Martínez Valero. El Tribunal Electoral solicitó a Wilkins declarar si su mensaje fue financiado por alguna persona o institución, y si tenía vínculos con partidos políticos o campañas electorales.
De acuerdo con la organización Artículo 19, estos casos se inscriben en una tendencia creciente de acoso judicial contra la prensa y ciudadanía. Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico, señaló que cada tres semanas se registra al menos un caso de censura a periodistas o medios en México. Entre 2020 y la fecha, Artículo 19 ha documentado entre 20 y 30 incidentes en los que se utilizaron litigios, demandas por daño moral o acusaciones de violencia política de género para silenciar investigaciones o retirar contenido.
Desde 2007, las agresiones a periodistas en México han aumentado entre 8% y 10% anualmente. Estas incluyen asesinatos, desapariciones, amenazas en línea y acoso judicial. Cárdenas indicó que el uso del marco jurídico para inhibir publicaciones ha generado un entorno donde periodistas y ciudadanos dudan sobre los temas que pueden abordar sin enfrentar consecuencias legales.
La organización también advirtió sobre el impacto de normativas como la conocida “Ley Censura” en Puebla. Esta legislación, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, penaliza el “ciberasedio” con hasta tres años de prisión. Entró en vigor el 14 de junio de 2024 y ha sido criticada por limitar el ejercicio de la libre expresión.
Según Artículo 19, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las autoridades deben tolerar un nivel mayor de crítica. En la tesis CCXIX/2009, la SCJN señaló que los servidores públicos están sujetos a un escrutinio más riguroso debido a su exposición pública.
Cárdenas concluyó que, incluso cuando los medios de comunicación actúan conforme a la legalidad y los principios de derechos humanos, sigue existiendo el riesgo de que enfrenten procedimientos legales.
Con información de Más Información.
