CDMX. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos están enfrentando una crisis silenciosa al envejecer sin acceso a pensiones adecuadas ni ahorros suficientes.
Cerca de dos millones de mexicanos mayores de 65 años viven en el país vecino, de los cuales aproximadamente 500,000 son indocumentados. Para muchos, después de décadas de trabajo en empleos precarios, la jubilación sigue siendo una meta inalcanzable, obligándolos a continuar trabajando o depender de ingresos insuficientes.
Esta semana, un grupo representando a unas 70 organizaciones civiles, encabezado por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), llevó al Palacio Nacional una petición dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum: permitir que los mexicanos mayores de 65 años que residen en el extranjero accedan a la Pensión Bienestar, creada en el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador. Este programa garantiza un pago bimestral de 6,000 pesos a adultos mayores, sin importar si cotizaron previamente en el sistema de seguridad social. Actualmente, los requisitos excluyen a quienes no residen en México.
María Marroquín, activista y tesorera de la Red Nacional de Jornaleros, explicó durante la conferencia matutina que los migrantes mayores son una población desprotegida en ambos países. “Cuando envejecemos ni México ni Estados Unidos nos quieren”, señaló. Originaria de Puebla y residente en California, Marroquín coordina el Day Worker Center, una organización sin fines de lucro que apoya a jornaleros. Según ella, muchos padecimientos de esta población están vinculados a los trabajos agotadores que desempeñaron durante décadas.
Ángela Sanbrano, otra líder migrante de 79 años y residente en Los Ángeles, destacó la injusticia de la situación. “El gobierno de Estados Unidos no da una pensión a estas personas porque no cotizaron, pero en realidad sí han contribuido pagando impuestos durante toda su vida”, subrayó. Sanbrano, nacida en Ciudad Juárez, recordó que los migrantes han sostenido la economía estadounidense y mexicana a través del envío de remesas, una de las principales fuentes de ingreso para las familias más vulnerables en México.
La propuesta presentada a la administración Sheinbaum implica un costo significativo. Atender a los migrantes indocumentados mayores de 65 años requeriría unos 21,000 millones de pesos adicionales. La presidenta, aunque reconoció la importancia de la causa, señaló que su gobierno revisará los presupuestos antes de tomar una decisión definitiva.
El tema adquiere mayor urgencia ante la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El próximo gobierno estadounidense ha anunciado planes de deportación masiva que podrían afectar a millones de migrantes, incluidos adultos mayores. “Se vienen tiempos difíciles para los migrantes con Donald Trump, pero nosotros estamos preparados para luchar. Somos mexicanos, hemos superado muchas crisis y aquí seguimos”, dijo Sanbrano con determinación.
Mientras tanto, las remesas enviadas desde Estados Unidos continúan siendo fundamentales para la economía mexicana. En 2023, estas superaron los 63,000 millones de pesos, y se espera que este año la cifra sea aún mayor. Estas transferencias no solo reflejan el esfuerzo económico de los migrantes, sino también su compromiso con las familias que dejaron en su país de origen.
Marroquín y Sanbrano, ambas con doble nacionalidad, ven en esta lucha una oportunidad para garantizar derechos fundamentales a los migrantes mexicanos. “Un mexicano se lleva sus derechos donde sea. La pensión del bienestar es un derecho que como mexicanos tenemos, así que le pedimos a nuestro gobierno que no nos olvide”, concluyó Sanbrano, recordando que las raíces de los migrantes están profundamente ligadas a México, aunque sus vidas hayan florecido en otro país.
Con información de Más Información.
