CDX. La reducción de la jornada laboral en México podría aumentar hasta en 36% los costos laborales de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), órgano de análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El organismo expresó su preocupación ante las implicaciones económicas de limitar la semana laboral a 40 horas, medida actualmente en discusión legislativa.
De acuerdo con el CEESP, actualmente cerca del 60% de los trabajadores remunerados en el sector formal laboran más de 40 horas semanales, por lo que un cambio de esta magnitud implicaría ajustes profundos para las empresas, particularmente para las MiPyMEs, que conforman el grueso del tejido productivo nacional.
“Si una empresa en la que los empleados trabajan 48 horas por semana decidiera continuar al mismo ritmo de trabajo pagando horas extras, enfrentaría un aumento del costo laboral que podría llegar a 36 por ciento, y sería muy superior si el número de horas extras es mayor”, precisó el CEESP.
En caso de aprobarse la reforma, las empresas deberán modificar su estructura operativa. Según el organismo, podrían optar por pagar horas extras, contratar personal adicional o reestructurar los contratos actuales. Sin embargo, todas estas medidas implican un costo económico significativo.
“El impacto será considerable sobre la sostenibilidad de las empresas si se quiere mantener su ritmo actual de actividad”, advirtió el CEESP. El ajuste, estimó, podría traducirse en una reducción de operaciones, afectando la actividad económica general y generando presiones sobre los mercados laborales y de bienes.
Además, el CEESP recordó que esta no es la única carga que han enfrentado las empresas formales en años recientes. Mencionó los aumentos constantes en el salario mínimo, las nuevas contribuciones derivadas de la reforma al sistema de pensiones de 2021 y las vacaciones adicionales legisladas en 2023 como factores que ya han encarecido significativamente el costo de contratar trabajadores.
El organismo también alertó sobre el riesgo de que estas condiciones incentiven aún más la informalidad, reduciendo la productividad y competitividad de la economía mexicana. “La productividad permanece estancada desde hace varios años y la competitividad general del país no está mejorando”, aseguró.
Aunado a los factores económicos, el CEESP subrayó que las empresas operan en un entorno caracterizado por altos niveles de inseguridad, violencia, corrupción y deterioro de los sistemas de salud y educación. A esto se suma la desaparición de organismos autónomos que garantizaban condiciones de competencia y transparencia.
“La realidad es que, en la situación actual, las empresas se ven forzadas a reducir sus operaciones y sus costos sacrificando empleo. Esto se refleja ya en el empleo formal y significa problemas en el bienestar de los hogares”, sostuvo el organismo empresarial.
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril de este año se registró una caída de 26 mil 420 patrones respecto al mismo mes de 2024, lo cual impactó directamente en el total de trabajadores afiliados.
En este contexto, el CEESP hizo un llamado al gobierno a generar condiciones propicias para el crecimiento del empleo formal. “El gobierno no genera empleos, pero sí tiene la obligación de propiciar un ambiente que le permita a las empresas tener la capacidad de crear el mayor número de puestos de trabajo de la mayor calidad posible”, concluyó.
Para el CEESP, el camino hacia la mejora del bienestar y la reducción sostenible de la pobreza pasa por fortalecer el empleo formal y no únicamente a través de programas asistenciales. La combinación de reformas laborales, inseguridad jurídica y desaceleración económica plantea, según su diagnóstico, un escenario de riesgo para las MiPyMEs y, en consecuencia, para millones de trabajadores en el país.
Con información de Más Información.
