CDMX. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió este viernes que la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión impulsada por el Gobierno pone en riesgo la estabilidad del sector, la certeza jurídica, y derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

El pasado 25 de abril, Claudia Sheinbaum, presidenta de México ordenó a los legisladores frenar la aprobación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y modificar o eliminar el artículo que permitiría al gobierno “bloquear” plataformas digitales, luego de que dicho apartado generó controversia entre la oposición y los principales grupos de medios de comunicación.

En un comunicado, el organismo reconoció que la pausa en el proceso legislativo representa una oportunidad para revisar a fondo una iniciativa que, en su forma actual, “compromete principios esenciales para el desarrollo del ecosistema”.

Coparmex señaló que el proyecto elimina la autonomía del órgano regulador al reemplazarlo con una agencia adscrita al Ejecutivo, lo cual contradice compromisos adquiridos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y genera un entorno de incertidumbre para inversionistas y operadores del sector.

“La propuesta plantea riesgos sustanciales: elimina la autonomía del regulador, erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del TMEC y debilita la competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo esquemas de subsidio”, afirmó.

El organismo calificó de preocupante la posibilidad de que la nueva agencia ordene el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa.

Según la Coparmex, esa disposición, incluida en el artículo 109 de la iniciativa, “vulnera derechos fundamentales y abre la puerta a la censura”, además de carecer de salvaguardas que garanticen el debido proceso.

El artículo en cuestión establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) podrá bloquear temporalmente una plataforma digital, a solicitud de las autoridades competentes, en casos de incumplimiento de normativas aplicables.

El documento no especifica los supuestos que justificaría un bloqueo ni define claramente qué plataformas podrían ser afectadas, aunque los críticos consideran que abarcaría redes sociales, plataformas de streaming y servicios de mensajería.

Coparmex también alertó sobre la “ambigüedad” en la definición de plataformas digitales contenida en el artículo 3, la cual amplía excesivamente las competencias de la agencia, contradice el principio de neutralidad tecnológica y podría generar conflictos con artículos clave del TMEC.

Otro de los puntos críticos que identificó la organización empresarial es la suspensión de todos los trámites del sector durante un periodo de 60 días, contemplada en un artículo transitorio, lo que impactaría negativamente en inversiones, despliegue de infraestructura y desarrollo de tecnologías como el 5G.

Finalmente, el organismo hizo un llamado al Congreso para revisar la iniciativa con responsabilidad, mantener la autonomía del regulador, eliminar disposiciones que amenacen derechos fundamentales y garantizar una transición ordenada y técnica.

CCE confía en una legislación que fomente la certidumbre jurídica

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confío en que la disposición del Senado para abrir a consulta la propuesta de la nueva ley de telecomunicaciones derive en un marco regulatorio que fomente el desarrollo de mercados, la certidumbre jurídica y la libertad de expresión.

“Confiamos en que este proceso derive en un marco regulatorio equilibrado que, partiendo del principio de la rectoría del Estado, fomente el desarrollo de los mercados, la certidumbre jurídica y la libertad de expresión”, expuso este viernes en un comunicado.

El organismo reconoció la sensibilidad y disposición al diálogo mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras las críticas de diferentes sectores a su propuesta.

El CCE expresó su disposición a participar en las consultas a las que convoque el Congreso, con el fin de aportar sus puntos de vista y contribuir a la construcción de consensos para el perfeccionamiento de la legislación propuesta.

Ayer, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Senado en la red social X para que garantice espacios de consulta, y para considere estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas.

También el jueves, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales aseguró en un comunicado que la iniciativa otorga a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando sea solicitado por las autoridades competentes, las cuales no define, “en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.

Sostuvo que la redacción de la iniciativa posibilitaría realizar una restricción extrema a la libertad de expresión en internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida.

Añadió que la iniciativa intenta crear nuevamente un registro similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022.

Apuntó que a ley de telecomunicaciones no indica a qué se refiere el llamado “registro de usuarios del servicio móvil”, pero sí faculta a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a permitir a las autoridades la consulta del padrón “conforme a los criterios y condiciones que establezca la agencia en los lineamientos para tal efecto”.

Aún y cuando Sheinbaum reconoció que dentro del propio gobierno surgieron cuestionamientos respecto a las nuevas facultades de la Agencia Digital, que asumiría la rectoría sobre el espectro radioeléctrico y la asignación de concesiones. Frente a esto, propuso que los expertos que participaron en la elaboración de la ley acudan al Senado para explicar la importancia de las atribuciones estatales planteadas en el proyecto.

La organización también hizo un llamado al Senado para que considere una discusión más amplia e incluyente antes de aprobar la nueva ley.

Con información de Más Información.